Desde la crisis de mayo que sufrió Ceuta el año pasado, hace nueve meses, un total de algo más de 2.500 ciudadanos marroquíes han cruzado el Estrecho de Gibraltar como peticionarios de protección internacional en España con sus solicitudes efectivamente admitidas a trámite o por silencio administrativo, según las fuentes consultadas ayer por este periódico. En sentido contrario, hacia el país vecino, las autoridades nacionales han ejecutado la expulsión de “unos 360 marroquíes”. El número de los súbditos del país vecino retornados a su territorio por voluntad propia está a punto de alcanzar los 10.000.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentará hoy el Libro Blanco del Sistema de Protección Internacional en España en el que analiza el modelo existente y plantea una serie de propuestas de cara a la reforma del mismo anunciada por el Ministerio de Inclusión hace meses.
La organización, con más de 40 años de experiencia en asilo y migración, pone de relieve la necesidad de “mejorar” el sistema de protección internacional ante las "situaciones de tensión y desbordamiento" que se han dado en los últimos años tras el aumento exponencial de las cifras de solicitudes de protección internacional. Esto provocó disfunciones en el procedimiento de asilo, así como en el proceso de acogida e inclusión social, rigidez en la asignación de plazas, una planificación mejorable y descoordinación entre las administraciones implicadas, según CEAR.
"Lo que proponemos es un modelo flexible con capacidad de adaptarse a los cambios", destaca Estrella Galán, directora general de CEAR. Entre sus propuestas está “mantener el carácter inclusivo y garantista actual, cuyos principios básicos son la integración y la inclusión social desde el primer día que la persona comienza su proceso de acogida”; “potenciar la responsabilidad y solidaridad compartida entre territorios”; o “aportar sostenibilidad al sistema dotándole de recursos y medios suficientes, y desarrollando un plan formativo dirigido a todo el personal de las administraciones públicas”.
La intención del Ejecutivo parece ir por otro lado. Según adelantó este miércoles el diario El País, la ambición gubernamental pasa por aplicar en toda Ceuta y Melilla “el llamado procedimiento en frontera —el mismo que se aplica en los aeropuertos y centros de internamiento— que obliga a las autoridades a admitir o denegar las demandas de protección en cuatro días ampliables a un máximo de 10.
Durante este tiempo, los solicitantes estarían retenidos en espacios cerrados. Con admisión a trámite podrían desplazarse por todo el territorio español, como ahora, pero en caso de denegación, ser devueltos a Marruecos (si sus autoridades lo aceptasen).
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