El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho este lunes que la colaboración “judicial y policial” entre España y Marruecos respecto al caso de los dos guardias civiles asesinados en Barbate (Cádiz) tras ser arrollados por una narcolancha, hechos por los que hay un vecino de Ceuta en prisión, se llevará a cabo “ineludiblemente” siempre que el desarrollo de la investigación lo requiera.
Marlaska se ha pronunciado de esta forma durante su visita al puerto de Algeciras (Cádiz), donde ha comprobado de primera mano el dispositivo habilitado con motivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE).
El ministro ha indicado que la investigación sobre la muerte de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha el pasado 9 de febrero “está en curso y hay que ser lo suficientemente respetuosos con la propia instrucción”.
Ha sostenido que dicha investigación “se está desarrollando por los cauces que aconseja la misma, poniendo todos los medios y efectivos necesarios para determinar la autoría y las circunstancias” de la muerte de ambos agentes.
Sobre la búsqueda de Karim, el presunto piloto de la embarcación que arrolló a los agentes, de quien se sospecha que haya huido a Marruecos, el ministro del Interior ha dicho que “la cooperación judicial y policial funciona perfectamente”.
Por ello, ha dicho que “toda la cooperación judicial y policial que sea necesaria, ya sea con Marruecos o con otro país, al objeto de determinar la autoría y de que los supuestos autores respondan judicialmente en España, se hará ineludiblemente”.
Cabe recordar que el pasado 9 de febrero una narcolancha de grandes dimensiones arrolló a una zodiac de la Guardia Civil en el puerto de Barbate, ocasionando la muerte de dos agentes.
Tras eso se detuvo a ocho personas, de las cuales seis de ellas –una de Ceuta– continúan en prisión provisional, comunicada y sin fianza por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate que instruye esta causa.
Las defensas han solicitado en varias ocasiones la puesta en libertad de sus clientes, apelando al contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que concluye que la embarcación en la que viajaban los investigados no fue la que embistió a la lancha del Instituto Armado y que fue otra embarcación, la que presuntamente dirigía el señalado como Karim, la que arrolló a los agentes.
El viernes pasado, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz emitió un auto rechazando la puesta en libertad de uno de los detenidos, exponiendo que "constan indicios" de un delito de organización criminal, ya que el investigado "en su declaración prestada ante el juez instructor, reconoció ser el piloto de la embarcación".
Además, constató que se embarcaron en Sanlúcar tras un cambio de tripulación, que iba con pasamontañas y "que llamaron a tierra al propietario de la embarcación porque no iba bien y que llamó a los mecánicos para repararlo, los cuales se embarcaron", a lo que se suma, igualmente, que "existen indicios" de un delito de resistencia, y ello a la vista del contenido del atestado.
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