El control en centros como La Esperanza, objeto de crítica.
Marea Negra exige respuestas de las distintas administraciones sobre la contratación de vigilantes de seguridad, poniendo un especial acento tanto en los servicios de los centros de menores como en Amgevicesa y denunciando que no se está cumpliendo la ley ya que se hace la vista gorda ante el intrusismo en la profesión que se produce y permite.
“Esta asociación lleva denunciando el intrusismo en Ceuta y en el Centro de Menores La Esperanza casi un año, no recibiendo respuesta alguna. Se desconoce si este personal carece o no de antecedentes penales trabajando con menores y adolescentes a diario. La protección sobre nuestros jóvenes debe ser prioritaria”, advierten en un comunicado. “La Ley orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor en su apartado 5 del artículo 13, modificada por la Ley 25/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajen en contacto habitual con menores. Si el solicitante no es español, además de este certificado, deberá aportar otro de su país de nacionalidad en el que se informe de la carencia de delitos de carácter sexuales”, expone la asociación, que se pregunta si en Ceuta se está teniendo en cuenta tal normativa.
“En cuanto a espectáculos públicos, no hemos encontrado ninguna ley, salvo una ordenanza con fecha del año 2010 que trata sobre licencias, aperturas y cierres, pero no trata en ningún punto nada al respecto del personal que debe permanecer en los controles de accesos, así que de existir nos gustaría que nos lo mostrasen. De no estar creada, deben acogerse al Reglamento General de Policías y Espectáculos Públicos 2816/1982 de agosto. En su artículo 53 dice que en todos los espectáculos o actividades recreativas con más de cien personas, la empresa deberá disponer de personal encargado de la vigilancia. Por lo que deben ser vigilantes de seguridad. Pueden trabajar conjuntamente vigilantes y controladores de accesos con su correspondiente acreditación. A día de hoy no existe ningún local con personal cualificado, las empresas disponen de personal sin cualificar ni acreditar, sin legislar, por lo que a la hora de cualquier suceso, de no haber grabaciones, estas personas no se podrían identificar”, apostilla.
Marea Negra insiste en que se deben cumplir las leyes. “No es solo culpable el que golpea, sino también lo es quien ante su impasibilidad mira hacia otro lado”, expone.
La asociación hace mención al suceso ocurrido el pasado 11 de diciembre en Murcia después de que un portero golpeara a un joven dejándolo en coma. “En Murcia la Ley de Espectáculos Públicos es del año 2011 y después de cinco años no se está ejecutando, ya que al estar incompleta y al no haberse creado un reglamento o decreto, no se puede desarrollar. Ahora las administraciones dicen que van a agilizar esta ley para acabarla”, señala, denunciando la contratación de personas que no están siquiera cualificadas y extrapolando esta situación a cualquier otro episodio que podría darse por ejemplo en Ceuta, en donde el intrusismo es evidente.
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