José Antonio Carbonell, vicepresidente de la asociación Marea Negra, conoció por el PSOE que la Ciudad Autónoma ha adjudicado a la empresa Marsegur la vigilancia del Museo de las Murallas Reales, la misma que tiene abierto un conflicto laboral con su plantilla en la Clínica Militar y que ha sido criticada por esta organización en ocasiones anteriores.
La entidad en defensa de la seguridad privada reprobó que el Ejecutivo de Vivas sea “permisivo” con las “atrocidades” y “tropelías” de una mercantil “low cost” que, denunció de forma pública su portavoz, “incumple el convenio y abona sueldos bajísimos sin pagar lo que se les debe a sus trabajadores en pleno siglo XXI”. Una denuncia pública que también dirigió a la Delegación del Gobierno y al Ministerio de Defensa en el caso del Hospital Militar en O’Donnell.
Para Marea Negra, resulta “miserable” que las administraciones permitan que Marsegur permanezca en Ceuta en vez de “ponerla fuera” de la ciudad porque una empresa “de esta calaña no se merece estar aquí”. La asociación reprochó la concesión a la empresa de marras por un periodo que comprendería “nada más y nada menos que cuatro años”.
De “poca vergüenza” y “falta de empatía” tildó las decisiones gubernamentales pese a las advertencias del vicepresidente de la asociación, “porque a los dirigentes muchas veces se les olvida que hemos depositado nuestro voto de confianza en ellos para que defiendan nuestros derechos”.
Un “retroceso” en los derechos de los trabajadores que llevan a estos vigilantes, a juicio de la asociación, “a la época en la que se trabajaba de sol a sol sin descansar”.
Ante el panorama descrito por Carbonell, este representante del colectivo animó a las fuerzas políticas en la Asamblea a “recoger el guante” y trasladar esta cuestión a Pleno. Las preguntas de Marea Negra serían las siguientes: “¿Por qué se le dan servicios a Marsegur? ¿Por qué se permite que estos vigilantes estén pasando necesidades? ¿Qué ocurre con el empresario –por llamarle de alguna manera– Miguel Ángel Ramírez para que se le adjudiquen contratos a pesar de que debe dinero a la Seguridad Social y se le han rescindido servicios?”.
La posibilidad de cancelar la relación contractual con Defensa y la Ciudad Autónoma “por la vía de urgencia” se antoja a Marea Negra como la única opción para desbloquear la situación de los vigilantes de seguridad que tiene en plantilla. “No se le puede dar más pábulo con la vulneración de derechos que está cometiendo”, reiteró Carbonell.
El “juego” con el dinero público al destinarse a empresas como Marsegur es “inadmisible” porque es un dinero “de todos los contribuyentes”, sentenció el portavoz de la entidad. “Es vergonzoso que una partida que tendría que ir a otros menesteres acaben en el bolsillo de Miguel Ángel Ramírez y enriquecerle aún más de lo que ya es”, sopesó Carbonell. Este representante del sector de la seguridad privada consideró que es una cuestión “denunciable” ya que ese montante se invierte en una empresa que tiene “esclavizados” a sus empleados y, además, trabajan “en precario”. Quejas que hizo extensibles a la contratación por parte de la Ciudad y la Administración General del Estado.
Convocatoria de huelga como en el aeropuerto El Prat
La asociación Marea Negra en defensa de la seguridad privada, a través de su presidente, José Antonio Carbonell, consideró que como respuesta a estos “favoritismos” de las administraciones hacia Marsegur, “tendría que convocarse una huelga, cumplir con los servicios mínimos y hacer como los compañeros en el aeropuerto de El Prat porque es lo último que les queda, aunque haya muchas críticas hacia su actitud”. Este portavoz del sector de la vigilancia criticó las “palmaditas en la espalda” a un empresario que, aseguró, incumple la normativa en unos servicios cuya concesión “no es lícita”.
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