La entidad asegura que beneficiaría a la población porque los policías locales que cumplen esta función saldrían a la calle
José Antonio Carbonell, vicepresidente de la Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada –con implantación estatal, registrada en el Ministerio del Interior y sin ánimo de lucro– manifestó ayer que está a favor de una de las medidas que el superintendente de la Policía Local, Sebastián Vega, valora dentro de la reestructuración del Cuerpo. Ésta consiste en la sustitución de los policías locales que custodian los edificios por vigilantes privados.
El portavoz de Marea Negra apoya esta propuesta puesto que se verían beneficiados los 140 profesionales del sector que, calcula, están desempleados en la actualidad; así como la ciudadanía porque los agentes saldrán de estas instalaciones para patrullar las calles. Un refuerzo que Carbonell consideró urgente puesto que, en los últimos años, la Policía Local perdió a 30 efectivos que se han ido jubilando y cuyas plazas no han sido repuestas.
No obstante, vaticinó el vicepresidente de la entidad, los sindicatos policiales “se le van a tirar al cuello”. Este representante del colectivo de los vigilantes de seguridad aseguró que, en primer lugar, esos edificios públicos tienen que estar controlados por policías locales que estén “en una segunda actividad, no personas con entre 28 y 40 años”. En el caso de que no haya agentes que reúnan esta veteranía, Carbonell apostó por la incorporación de la seguridad privada al servicio.
En cuanto a los polígonos del Tarajal, Marea Negra denunció que las personas que se ocupan de la seguridad “no están preparadas ni tienen cursos y tampoco sabrían qué hacer” además de tachar la situación de “intrusismo”. El vicepresidente de la asociación advirtió de que tiene que asignarse seguridad privada de acuerdo con la Ley 5/2014, la cual prevé sanciones que van de “30.000 a 60.000 euros”. Marea Negra aseguró que, asuntos como éste, se han denunciado ante la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional ante la “inacción” de la Delegación del Gobierno de Ceuta.
Carbonell destacó que no solo reivindica los derechos de los trabajadores y el reconocimiento de los puestos de trabajo que corresponden a los vigilantes privados, sino que también denuncia aquellos asuntos del sector que afectan a los ciudadanos.