La Ciudad Autónoma ya tiene listo el borrador de los pliegos que regirán la licitación de la compra de la maquinaria y la construcción de la
base municipal del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos de Ceuta. La administración prevé sacar a concurso por 13,7 millones y en varios lotes la primera, mientras que la segunda se publicará con un presupuesto base de alrededor de 11 millones.
De esta forma, el Ejecutivo de
Juan Vivas dará el primer paso de calado en el cambio de
modelo de gestión del servicio que durante las últimas décadas ha tenido como concesionarias a Urbaser y
Trace, cuyo último contrato de diez años caducó en febrero pasado, aunque sigue siendo la prestataria del mismo de forma obligada hasta que se adjudique de nuevo o la Ciudad lo municipalice, como el PP quiere estudiar.
Hasta ahora las concesionarias debían contar con instalaciones fijas para uso exclusivo del servicio (Urbaser contaba con ellas en terrenos portuarios y
Trace en
Benzú), lo que potencialmente generaba posibles distorsiones de la capacidad de presentarse a la licitación en un territorio con disponibilidad de suelo muy limitada como Ceuta, y asumir la adquisición de la maquinaria necesaria para la prestación.
En 2013, cuando solamente Trace concurrió al concurso convocado, se le exigió disponer en menos de seis meses desde la fecha de inicio de la gestión de cerca de doscientos
vehículos (tractores-pala, camiones-pluma, lavacontenedores, autobaldeadoras, hidrolimpiadores, fregadoras autoportantes, furgonetas...) y carritos portacubos.
A la finalización del contrato estaba obligada a “reponer y dejar en perfectas condiciones de uso” todos los bienes operativos.
En el decreto con el que se ordenó a Trace
seguir prestando el servicio se asumió un incremento del 33% en la partida de mantenimiento de maquinaria “dadas sus actuales condiciones derivadas de sus horas de trabajo, por lo que requiere un mayor esfuerzo mantenerla operativa durante este periodo transitorio”.
Ahora la Ciudad prevé licitar la compra directa de maquinaria y contenedores (el parque de la ciudad supera los 1.500) en lotes para facilitar la presentación de ofertas a las licitadoras en función del segmento en el que estén especializadas y primar la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos.
Para la construcción de la base pública del servicio el Gobierno de la Ciudad aprobó a finales de 2022 la firma de un convenio con la
Autoridad Portuaria para disponer de 10.000 metros cuadrados en la ampliación del muelle de Poniente, donde se prevé levantar una estructura techada de 5.500.
Acercando las instalaciones al casco urbano se prevé “optimizar los recursos” y “mejorar el rendimiento”, así como evitar “complicaciones, sobrecostes y disfunciones”.
Personal
Una vez queden encarrilados esos dos vectores del servicio quedará por concretar cómo queda definitivamente la gestión del personal en función de si la limpieza se municipaliza o no y con la prioridad de que la administración tenga capacidad para maximizar la coordinación de todos los servicios de mantenimiento y entretenimiento urbano que se sufragan actualmente con 40 millones al año y cerca de mil trabajadores empleados, más de la mitad en Trace (535) y el resto en
Tragsa, las
Brigadas Verdes u
Obimace.
El Gobierno de Vivas ya ha encargado estudios técnicos y económicos sobre la posibilidad de asumir la gestión directa.
Para hacerlo será preciso garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de las competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la municipalización habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para el conjunto de la Hacienda municipal, debiendo contener un análisis del mercado relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial.
La normativa establece que la municipalización es preciso designar una Comisión especial que debería redactar, en el plazo de dos meses, una memoria con el fin de “determinar, en cuanto al aspecto social, la situación del servicio, soluciones admisibles para remediar las deficiencias que en su caso existieren, así como si habría de reportar a los usuarios mayores ventajas respecto a la iniciativa privada o a la gestión indirecta, y en el supuesto de estimarlas, enumerarlas y evaluarlas”.
Entretanto el Gobierno local activó la semana pasada un “plan de choque” para mejorar la calidad de la limpieza pública “complementando” la labor de Trace “con los medios propios de los que dispone la Ciudad”.
Los trabajadores de la primera solo se encargarán de la limpieza viaria y de la recogida de residuos, delimitando su labor y derivando el resto de tareas complementarias y adicionales, como la limpieza de playas o la retirada de enseres, por ejemplo, a los operarios de Tragsa, Obimace y las Brigadas Verdes, cuya labor será de apoyo.
En todo caso, estas tareas complementarias se realizarán “siempre de acuerdo al convenio colectivo correspondiente a cada empresa”.
Más de dos millones al mes sin inversión
Una vez finalizado, el pasado mes de febrero, el contrato de 10 años adjudicado a Trace en 2013, la prestataria del servicio está facturando a la Ciudad Autónoma más de dos millones de euros al mes sin cargar inversión alguna. El personal directo supone más de la mitad del total (aproximadamente 1,2 millones). A esa cantidad hay que sumar algo más de 300.000 euros en personal indirecto y antigüedad y ayudas sociales. Los costes de explotación de instalaciones y servicios superan los 250.000 euros mensuales. Además, en concepto de IPSI se van cerca de 180.000 y algo más de 110.000 en beneficio industrial, cifrado en un 6% del importe de la certificación de ejecución material antes de impuestos.