Manifiesto del PSOE con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2020

El Partido Socialista quiere manifestar su compromiso con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 por la ONU y ratificada por nuestro país en 2008. Este compromiso no es el otro que de garantizar los derechos de más 3’8 millones de personas con discapacidad y sus familias en nuestro país.

Nos unimos una vez más a esta fecha reivindicativa, y hacemos nuestro el lema escogido por Naciones Unidas para este año en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad es "Participación y el liderazgo de las personas con discapacidad: Agenda de Desarrollo 2030". Se centra en el empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, como se pedía en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se compromete a "no dejar a nadie atrás" y considera la discapacidad como una cuestión transversal en la implementación de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La participación y liderazgo requiere de oportunidades para el desarrollo de las capacidades de cada persona. Asegurando la igualdad de oportunidades, para prevenir el fracaso y abandono escolar, las mayores tasas de desempleo y los mayores índices de riesgo de pobreza y exclusión social. En todas estas direcciones se están desarrollando proyectos desde el Gobierno de España.

Nos ratificamos en la reforma del artículo 49 de la Constitución, en el que se cita “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”, para adaptarlo a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 y ajustando su terminología a la ineludible e imperiosa obligación de garantizar la efectividad de derechos y el acceso a bienes y servicios a todas las personas, independientemente de sus circunstancias personales.

Todas y todos los ciudadanos son sujetos de los mismos derechos y merecedores de la misma oportunidad para su uso y disfrute. La accesibilidad universal y la plena inclusión nos obliga a incorporar el principio de accesibilidad universal a todos los ámbitos de la vida, singularmente de los espacios públicos. Esto obliga a repensar nuestra convivencia, desde la formación de profesionales al diseño de los espacios de convivencia.

Se han venido adoptando medidas para la eliminación de barreras físicas, cognitivas y sensoriales. También en las capacidades jurídicas. El gobierno ha remitido a las Cortes un proyecto de Ley que supone la revisión de 4 leyes actuales, que se está debatiendo actualmente y que debería contar con el apoyo unánime de toda la sociedad y del conjunto de sus representantes políticos. El consenso social y político en torno a esta reforma constitucional no admite dudas debería concretarse en un apoyo generalizado de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

Nos encontramos en tiempos difíciles y complicados, la pandemia del COVID19, la crisis sanitaria y social que estamos viviendo nos hace redoblar todos nuestros esfuerzos y tener siempre presentes nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás, a nadie.

Por todo ello seguiremos comprometidos para apoyar a los colectivos de personas con discapacidad más vulnerables: los más de 78.000 menores de 16 años que tienen algún tipo de discapacidad, las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, las más de un millón de personas con discapacidad que viven en zonas rurales o las personas con discapacidad psicosocial, entre otros.

Porque necesitamos mayor accesibilidad se hace vital la aplicación de la Directiva Europea sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, que ha de ser ágil y efectiva, porque sin entornos accesibles no habrá inclusión en nuestra sociedad.

Manifestamos también el compromiso de afrontar el creciente aumento de personas afectadas de enfermedad mental y de trastornos del Espectro del Autismo; este hecho requiere una atención especial en todas las etapas de la vida pues cada año se diagnostican más casos en menores y adolescentes.

Estamos trabajando para conseguir un empleo digno y de calidad para las personas con discapacidad: con más formación cualificada, promocionando la Responsabilidad Social de las empresas y destacando las experiencias de éxito. Más de 1,8 millones de personas con discapacidad se encuentran en edad laboral, debemos aprovechar su talento y reducir la tasa de paro de este importante colectivo, que se encuentra disparada más si cabe en estos momentos de crisis.

España necesita hoy más que nunca no dejar a nadie atrás. En medio de la pandemia están surgiendo cada vez más evidencias de graves secuelas físicas y psíquicas en las personas que han estado enfermas de COVID-19 y deberemos estar atentos a sus necesidades. Por todo ello, nuestro trabajo se debe redoblar.

Para finalizar no podemos obviar que las personas con discapacidad quieren y deben participar en una sociedad más libre, abierta, inclusiva, justa y solidaria. Y en la medida que estamos consiguiendo ese objetivo debemos agradecerlo de forma fundamental al tejido asociativo organizado en torno a la discapacidad, cuyo trabajo reconocemos como imprescindible. El tercer sector trabaja por una sociedad en la que todas y todos participemos en igualdad de condiciones, en la que tengamos la oportunidad de tomar decisiones de manera autónoma e independiente y en la que tener una discapacidad no sea sinónimo de pobreza o de exclusión.

Juntos y juntas celebramos este Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad LO QUE ES BUENO PARA LA DISCAPACIDAD, TAMBIÉN LO ES PARA LA SOCIEDAD