En 2007, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como Día Mundial de la Justicia Social, fundamentando ésta como "un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro y entre las naciones que constituye el núcleo de nuestra misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana". En 2008, la Organización Internacional del Trabajo adoptó por unanimidad la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. Y en 2014, su Secretario General daba un paso más y lanzaba el siguiente mensaje "la brecha que existe entre los más pobres y los más ricos en el mundo es considerable y está creciendo. Esta situación no solo se da de un país a otro sino dentro del mismo país, incluso en el caso de muchos de los países más prósperos [...] La experiencia muestra que el crecimiento económico en sí mismo no es suficiente. Debemos hacer más para empoderar a las personas mediante el trabajo decente, brindarles apoyo a través de la protección social, y velar por que se escuchen las voces de los pobres y los marginados".
Para este año 2016, el tema elegido por Naciones Unidas es "Una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos" y plantea que "si queremos crear una prosperidad sostenible, si buscamos mejorar el bienestar humano y la equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica, vamos a necesitar una nueva visión de la economía y su relación con el resto del mundo, una visión que esté mejor adaptada a las nuevas condiciones que enfrentamos".
Los socialistas consideramos que el cambio climático ha llegado para quedarse y que es una amenaza incontestable. El último informe del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (IPCC) vuelve a advertir que sólo un gran cambio institucional y tecnológico, acompañado de sustanciales inversiones, puede detenerlo. El mayor error es no considerar la seguridad ambiental como un asunto de Estado en la agenda de los grandes acuerdos internacionales y materia de un gran pacto intergeneracional ya que los efectos del cambio climático irán golpeando cada vez con más fuerza a las sucesivas generaciones en las décadas venideras. Hablamos de la solidaridad en dos planos, la que ha de dirigirse hacia los más vulnerables que están sufriendo con mayor virulencia los efectos de este problema hoy y la que tiene como destinatarias a las futuras generaciones.
No es equilibrado un sistema basado en el crecimiento del PIB a costa de usar de forma masiva y muy por debajo de su coste real el suelo, el agua, el clima o la calidad del aire. La riqueza de un país ya no puede medirse exclusivamente en términos de PIB clásico. Son precisas otras herramientas de contabilidad, pero también otra forma de definir objetivos, entre los cuales han de estar los que debe marcarse el Estado en materia de déficit ambiental o de huella ecológica.
Asimismo, las consecuencias del cambio climático y sus fenómenos adversos tienen un mayor impacto sobre las poblaciones más vulnerables que tienen una baja capacidad para amortiguar los impactos de los fenómenos climáticos extremos.
Por eso en este día, los socialistas queremos fijar la atención sobre la situación actual de la sociedad española que está sufriendo el gran avance de la pobreza y la exclusión social. En 2014, según datos de Eurostat, el 29,2% de la población española (13,4 millones de personas) se encontraba en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, 2,3 millones más que en 2008, superando en más de 6 puntos porcentuales la media de la UE-15 (23,1% en 2013).
Hoy 20 de febrero, los socialistas reivindicamos justicia social para los millones de españoles y españolas que están sufriendo las consecuencias de la gestión ideológica de la crisis mediante las políticas neoliberales del Partido Popular, que además de imponer un nuevo orden en la distribución de la riqueza (en 2015, el 1% de la población concentraba casi tanta riqueza como el 80% más pobre, y la fortuna del 5% superaba ya la riqueza en manos del 90% más pobre), han
consolidado cambios estructurales (reforma laboral, educativa, de la administración local y sanitaria) que han disparado a niveles alarmantes todos los indicadores de pobreza y exclusión social. En estas circunstancias de crisis, España ha sido el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad, sólo por detrás de Chipre, y casi 10 veces más que el promedio europeo. Incluso 14 veces más que Grecia.
A esto, se une el deterioro de los servicios públicos fruto de los recortes en sanidad, servicios sociales, dependencia o educación, especialmente la educación infantil 0-3, y la limitación en el acceso por la supresión de derechos como las becas educativas o la pérdida de la universalidad en la sanidad, que tienen una repercusión evidente en las situaciones de pobreza o riesgo de exclusión.
Ante este escenario y con motivo de esta jornada, los socialistas denunciamos la realidad caracterizada por un incremento de la desigualdad y la aparición de situaciones de emergencia social. Esta situación se refleja en el "Índice de Justicia Social 2015" de la Unión Europea que en su último informe sitúa a España en el furgón de cola de la UE en materia de Justicia Social. Nuestro país ocupa el puesto 24 (empatado con Hungría) entre los 28 estados miembros de la UE, dos posiciones por detrás respecto al ranking de 2014. Especialmente preocupantes son la cifras que presenta España en cuestión de acceso al mercado laboral, donde ocupa la penúltima posición -sólo por detrás de Grecia- y es el país que más ha empeorado durante los años de la crisis económica (2008-2015). Asimismo, el informe advierte de las consecuencias del aumento de la brecha social en la Unión Europea entre jóvenes y mayores y países del norte y el sur, por lo que alertan del riesgo "una generación perdida en Europa", especialmente en países como España.
El otro indicador que arroja resultados alarmantes es el de prevención de la pobreza, donde España ocupa la posición 21 sobre 28 países. Los más vulnerables son los menores y los jóvenes, grupo en el que la pobreza no ha dejado de aumentar en España, algo que el informe califica de "muy preocupante". En definitiva, los datos reflejan una realidad absolutamente intolerable para un país como España y una sociedad que se considera moderna y avanzada como la nuestra.
Los socialistas no podemos dejar que el estado de las cosas se mantenga. Nuestro futuro como sociedad debemos construirlo sin dejar a nadie atrás y para ello es necesario recalibrar un sistema de protección que ha agudizado sus debilidades y ha empeorado la situación de los que estaban menos protegidos: las personas con menos rentas y la infancia.
Por ello, los socialistas nos proponemos restablecer el maltrecho Estado de Bienestar, recuperando la universalidad en los servicios públicos; mejorando su calidad para todos y reintroduciendo los derechos de ciudadanía en el acceso. Y para combatir de forma más eficaz la desigualdad y la pobreza, haciendo especial hincapié en la pobreza infantil severa, nos comprometemos a ampliar el alcance del Estado de Bienestar mediante un Sistema de Ingreso Mínimo Vital como nueva prestación No Contributiva de la Seguridad Social por situación de necesidad. Un programa, que además de cumplir una de las recomendaciones de la Unión Europea y estar ya implementado en otros países desarrollados, está destinado a las familias sin ingresos, y a la extensión de la prestación por hijo a cargo destinada a los menores en familias por debajo del umbral de pobreza.
Hoy 20 de Febrero, Día Mundial de la Justicia de Social manifestamos el compromiso del Partido Socialista para establecer un nuevo marco de convivencia que invierta la tendencia al aumento de la desigualdad y la pobreza mediante un desarrollo económico sostenible e inclusivo, una fiscalidad más justa, una mejora de las condiciones laborales y el desarrollo de políticas activas y de educación de calidad, prevención del fracaso escolar o formación a lo largo de la vida así programas destinados a jóvenes.
Vencer la exclusión social y pobreza ha de ser una gran causa prioritaria y colectiva, una causa de país. Si el crecimiento económico no garantiza la justicia social en condiciones de bonanza,
menos va a hacerlo con casi 3,5 millones de parados sin cobertura (EPA 3T), en un escenario de precariedad laboral y en una sociedad en la que hay más de 700.000 hogares sin ingresos (EPA 4T)
Urge detener esta deriva de incremento de la desigualdad. Urge poner en marcha un cambio hacia nuevo modelo económico con reparto justo de la riqueza, con empleo de calidad y ambientalmente sostenible, así como la recuperación del Estado de Bienestar basado en el derecho de ciudadanía, guiados por la justicia social