Está visto que la ampliación del centro de salud del Tarajal tiene ‘mal de ojo’. Un proyecto que data de finales de la pasada década, y que aún no ha sido posible que se pueda poner en marcha.
Cuando todo parecía que estaba encaminado, incluso con las ofertas presentadas por parte de las empresas licitadoras, resulta que, como anunciábamos en nuestra edición de ayer, el Ingesa ha tenido que suspender provisionalmente el concurso.
La razón: los recortes presupuestarios que ha puesto en marcha el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ante la situación de no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que no serán presentados ante las Cortes Generales hasta finales del próximo mes de marzo.
Estamos hablando de una obra que tiene aproximadamente un coste de unos 6 millones de euros y que había sido licitada por el Ingesa a comienzos de este año. Incluso, desde la Dirección Territorial, ya se había visitado un ala del Hospital Militar para trasladar allí las consultas del centro de salud y que la empresa adjudicataria pudiera realizar a la vez tanto la ampliación del centro como la reforma de las actuales instalaciones.
Las obras de ampliación del centro de salud del Tarajal fueron licitadas en el transcurso entre que los socialistas perdieron las elecciones el 20 de noviembre de 2011 y la toma de posesión del nuevo Gobierno que tuvo lugar un mes después, ya con Rajoy al frente del Ejecutivo en Madrid.
La empresa adjudicataria de los trabajos comenzó a realizar la inversión, pero se encontró, al tiempo, con el problema que no podía seguir adelante, debido a que no contaba con los fondos suficientes ni la infraestructura necesaria, con lo cual no tuvo más remedio que parar.
Ya estaba el Partido Popular en la Delegación del Gobierno y durante casi cuatro años se entró en una verdadera selva burocrática con la intención de resolver el contrato con la empresa adjudicataria e iniciar nuevamente el proceso. Estamos hablando de un período bastante largo para solucionar este conflicto.
Hubo en esos momentos duros ataques de intercambio de opiniones entre la Delegación del Gobierno y el propio PSOE de nuestra ciudad. La Delegación defendía que los socialistas habían realizando unas adjudicaciones que deberían haberlas paralizado, después de las elecciones y resulta que siguieron adelante.
Desde el Partido Socialista Obrero Español aludieron a que no había nada oculto y que la adjudicación se había realizado en Madrid con la participación de los técnicos en la redacción de los pliegos administrativos y técnicos.
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