Los dos maestros de Educación Física de los CEIP Ramón y Cajal y Ciudad de Ceuta que permanecen en libertad con cargos como investigados tras ser denunciados por presuntos delitos de abusos sexuales están “en situación administrativa de suspensión de empleo y sueldo con independencia del procedimiento penal”, según indicaron ayer los Servicios Centrales del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), a cuya Subsecretaría de Estado compete la resolución de los expedientes informativos incoados por la Dirección Provincial a instancias de Madrid.
La Administración aplicó inmediatamente al primer docente arrestado, que pasó una semana en prisión incondicional hasta que fue liberado previo pago de 5.000 euros de fianza con la imposición de otras medidas cautelares como alejamiento de la supuesta víctima y del centro escolar en el que trabajaba, una suspensión provisional de funciones, la que puede acordarse como medida preventiva durante la tramitación de un procedimiento penal o disciplinario. Siempre puede declararse cuando se decreta la prisión provisional de un empleado público (en este caso, interino) y mientras dure ésta.
En esta situación se percibe el 75% de sueldo, trienios y pagas extraordinarias, así como las prestaciones por hijo a cargo.
El segundo arrestado, funcionario en prácticas, que fue puesto en libertad con cargos a las 24 horas sin medidas cautelares, presentó una baja médica al no considerarse preparado “psicológicamente” para volver a su puesto de trabajo tras la experiencia traumática vivida.
El director provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Javier Martínez, ha asegurado este jueves que desconoce si los dos maestros investigados tras ser denunciados por presuntos abusos sexuales están en situación administrativa de suspensión de empleo y sueldo, como han asegurado los Servicio Centrales del MEFP. Si así fuera, ha dejado claro, desde Ceuta no se ha pedido ni propuesto llegar a ese extremo y se sigue confiando y anhelando la proclamación de su inocencia.
Martínez ha señalado que el maestro del Ciudad de Ceuta permanece de baja médica y que el otro está separado del servicio por resolución de la Subsecretaría de Estado, de la que también depende que ambos sean objeto de sendos expedientes disciplinarios o no.
Los funcionarios suspendidos de funciones tienen derecho a seguir percibiendo el 75% de sus retribuciones, aunque completan el resto con un seguro sindical.
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