El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha acogido este jueves la última sesión de vista oral seguida esta semana en el macrojuicio por blanqueo de capitales que sienta en el banquillo a 12 personas, entre ellas una agente de la Policía Local. El tildado de cabecilla de esta trama sigue fugado de la Justicia desde que supo que la Guardia Civil estaba registrando su vivienda, en 2019.
Ha sido el turno de las defensas, el turno de los abogados para intentar buscar un resquicio en las manifestaciones de los agentes del OCON-SUR de la Guardia Civil a quienes se les encomendó investigar la parte económica de un operativo que comenzó en 2018 con una actividad de petaqueo y terminó haciendo aflorar lo que los investigadores de la Benemérita han considerado como una de las investigaciones más complicadas.
No hay nada imposible, pero sí que las complicaciones para lograr hallar una grieta en las testificales de estos agentes han sido constantes. A pesar del tiempo transcurrido desde la investigación, los integrantes de la desaparecida OCON-SUR sabían a la perfección lo que trabajaron y, tal y como han insistido constantemente a los abogados, se dedicaron a indagar y a presentar datos “objetivos, puros y duros” ante la justicia, tras constantes seguimientos y análisis.
Por eso, han reiterado en cuantiosas ocasiones, ellos no valoran, ellos investigan. “Nosotros marcamos hitos, no valoramos”.
A la extensa declaración ofrecida el miércoles a preguntas del representante del Ministerio Fiscal se ha sumado la de hoy, durante mañana y tarde, para responder a cuestiones planteadas por los abogados.
Y ha sido básicamente para centrarse en lo mismo: en la existencia de un entramado con relaciones familiares, cuantiosos movimientos de dinero en metálico, anómalas operaciones bancarias y muchas curiosidades a las que no encuentran explicación posible en el ámbito de la sensatez.
Curiosidades como que una persona en riesgo de exclusión social pueda tener vehículos a su nombre o una menor la titularidad de un caballo de pura raza y una ganadería con solo 14 años de edad.
Se investigó la vida laboral de los acusados, los movimientos que llevaban a cabo, sus relaciones… Se hizo un auténtico croquis medido al detalle que integró una investigación expuesta de forma ejemplar por estos agentes de la Guardia Civil que han prestado declaración en calidad de peritos.
“Existe una red nutrida de lazos familiares”, han insistido los agentes, apuntando al ‘lavado’ de dinero y a las praxis comerciales “anómalas”, así como al “origen desconocido” de la elevada cantidad de montante económico que se manejaba en metálico evitando, por ejemplo, el uso de tarjetas o acciones que dejaran un rastro que sirviera a los investigadores.
Los agentes han conformado una especie de muro infranqueable ante las preguntas de los letrados, que buscaban, en el ejercicio de sus funciones, dar con algún tipo de duda sin éxito, en general.
Los guardias civiles han repetido, básicamente, los mismos fundamentos de su exposición inicial, insistiendo también en que, a su juicio, el divorcio entre el cabecilla fugado y la acusada policía local era una “simulación”, algo en lo que ha coincidido otro agente que ha declarado por videoconferencia.
Han insistido en el reparto desfasado del patrimonio, así como en que ambos seguían teniendo una relación propia de una familia, apuntando además al anómalo movimiento de dinero y a la existencia de testaferros.
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