“O me la llevo a mi casa , o mi madre mañana está en la calle”, asegura entre enfado y frustración Naima Mohamed que se encuentra en plena guerra para evitar que a su madre, Aicha Abderrahaman, de 70 años, la desahucien de la vivienda en la que reside gracias a una ayuda del Plan Básico de Vivienda y que le acaba de ser retirada. Sin justificación, ni notificación, sin periodo de alegaciones, pero con una fecha limite: mañana. “Tuve constancia cuando me percaté que este último mes no le habían ingresado su ayuda de 400 euros.
Me dirigí a Asuntos Sociales para preguntar si había algún problema y su respuesta fue que le han retirado la ayuda a unas 600 personas porque no se pueden conceder permanentemente”, explica Naima. Aicha ha sido beneficiaria de dicha ayuda durante ochos años y le ha sido concedida como medio para hacer frente al arrendamiento de su vivienda. “Sin embargo yo pongo los 200 euros restantes”, afirma Naima. Además, percibe una pensión no contributiva de 370, “en concepto de manutención”.
Única ayuda con la que ahora deberá afrontar todos los gastos y que mantiene en pie de guerra y pidiendo justicia a su hija. “No me la echéis a la calle como un perro por favor, es una mujer muy mayor a la que todos los organismos le han dado la espalda”, suplica Naima. Su vástaga asegura haber recurrido a todas las instituciones competentes en esta materia, desde Asuntos Sociales a Emvicesa, pasando por el propio Ayuntamiento, “pero se pasan la pelota entre ellos sin aportar solución alguna”.
La mujer muestra su desesperación e indignación ante la ausencia de soluciones frente a una situación crítica e “inhumana”, pero, tras varias semanas en pugna, asevera que continuará hasta que obtenga una respuesta.
La Consejería de Asuntos Sociales confirma que este tipo de ayudas tienen una vigencia determinada de cinco años, ya que el objetivo es que durante este período el ente familiar pueda superar su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, agotado el tiempo máximo de percepción la Consejería no excluye del programa a los beneficiarios.
“No abandonamos a nadie a su suerte”, afirman. Si bien no pueden concurrir nuevamente a la misma ayuda, se les ofrece un abanico de otras a las que pueda concurrir el ente familiar en función de la situación en la que se encuentre. Asimismo se les pone en contacto con asociaciones que mantienen un convenio de colaboración con la Consejería y a través de las que puedan acceder a las subvenciones que ellas ofertan.
En el caso de Aicha, aseguran que superó el período máximo del que podía beneficiarse y que, además, lo ha hecho con la percepción máxima , 400 euros.
En la actualidad un total de 305 familias se encuentran acogidas a este programa, del que se han beneficiado desde 2014 un total de 3.154 personas y 866 familias, y en el que se han invertido 7.500.000 euros.
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