Cuando la ceutí Elena Abad decidió alquilar su vivienda, ubicada en el Edificio Artemisa, en Ceuta, a una pareja, no llegó a imaginarse lo que iba a estar viviendo ahora al arrastrar una deuda de unos 10.000 euros, incluyendo también más de 600 euros correspondientes a servicio de agua. Un gasto provocado por parte del único inquilino que quedó en el inmueble y que dejó de pagarle en diciembre de 2020, además de lo que siguió hasta mayo de 2021, tras un contrato de arrendamiento que debió finalizar en abril de ese mismo año.
“Llevo un año que hice una denuncia contra un inquilino al que se le acabó el contrato y que dejó de pagarme”, explicó esta vecina de Ceuta que espera que su situación pueda solucionarse pronto.
Señaló que al momento de notificarle al hombre que el contrato estaba por vencerse, este no solo dejó de pagar el concepto de alquiler sino también el consumo derivado de los servicios, lo que hizo que la deuda fuera creciendo más y más a lo largo de los meses siguientes. “A los cuatro meses de no pagarme, procedí a denunciarle ante los juzgados. Me ponen la fecha del juicio para el 1 marzo y un día antes me dijeron que como no se le había notificado correctamente a él esa citación, porque no recoge correspondencia, había que esperar cuatro meses más”.
Abad comentó que como se vio en la necesidad de pedir que cortaran los servicios ante el impago, el hombre ya no se encuentra en la vivienda, pero tampoco le ha devuelto las llaves de la misma. “Al final puede ser que hasta sea yo quien tenga una penalización por haberle cortado la luz y el agua, porque en ese momento ya llevaba seis meses sin pagar absolutamente nada”.
Debido a la situación y a la desesperación por no encontrar soluciones a su problema, Abad decidió hacer uso de sus redes sociales para explicar lo que estaba sucediendo en su vivienda, esperando así poder encontrar alguna respuesta positiva. No obstante, comentó que ocurrió todo lo contario, pues el inquilino manifestó su molestia por lo ocurrido, a pesar de que ella asegura que nunca dio a conocer su nombre y mucho menos su rostro en las publicaciones que ha hecho en varias oportunidades. Abad siente impotencia y asegura que las leyes no brindan la protección necesaria a los propietarios cuando ocurren este tipo de situaciones.
Desde que comenzó este conflicto entre inquilino y arrendataria, no ha habido la posibilidad de mediación entre ellos. “Él dejó de pagar”, esto fue lo que pasó. La afectada recordó que hace dos años hubo una primera señal, cuando el inquilino dejó de pagar un mes argumentando problemas económicos, pero la peor situación llegó el año pasado.
Entre las varias posibilidades que ha contemplado, pensó en abrir la casa, a pesar de no tener la llave del inquilino y sabiendo que él ya no está en el inmueble, pero comentó que no quiere que el problema vaya a peor, tomando en consideración que el juicio se tendría que llevar a cabo en unos meses.
Otra gran preocupación que tiene la mujer es pensar en lo que va a encontrarse una vez que logre recuperar su vivienda. Los vecinos le contaron que “la casa huele fatal”, debido al mes que permaneció el inquilino en ella sin agua y sin luz. “Entonces habrá dejado la casa de pena y temo que haya hecho lo peor, porque me dicen que cuando cortaron el agua provocó un pequeño derrame que no sé si arreglaría”.
Explicó que como está en un proceso en el que todavía está pendiente un juicio, teme lo que pueda pasar “si yo abro la casa antes de que el juez lo dictamine”, esperando a que finalmente pueda ejecutarse el desahucio.
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