La Memoria 2021 de la
Fiscalía de Andalucía, que recoge también el trabajo hecho por los fiscales de Ceuta y Melilla, incluye un apartado específico sobre la labor realizada en el ámbito judicial en la lucha contra el
tráfico de drogas, en un periodo de incremento de la criminalidad organizada vinculada directamente al narcotráfico y al blanqueo de capitales.
La acumulación de macro causas derivadas de las investigaciones incluidas en el Plan Carteia ha exigido un esfuerzo extra para intentar responder activamente contra el negocio del tráfico de hachís a gran escala que encuentra en Ceuta uno de los vértices en ese triángulo delictivo, al asentarse los intermediarios del negocio de la droga procedente de las plantaciones de
Marruecos para su introducción en el sur peninsular.
Desde 2018, se han explotado 667 operaciones de las que el 83% están judicializadas, “pero los plazos que se tarda en poder finalizar los procedimientos y obtener sentencias condenatorias son tan lentos que la finalidad de prevención general y especial de las penas, difícilmente se consigue”, se reconoce en dicho documento. “Esto supone cierto desánimo, no solo en las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino en los propios jueces y fiscales, ante la incapacidad material de los juzgados para asumir causas de la envergadura de las que surgen de las investigaciones actuales”.
Todos los fiscales delegados alertan de la necesidad de un refuerzo en sus respectivos territorios ante el imparable incremento de las investigaciones contra la criminalidad organizada y el blanqueo de capitales.
En cada una de las provincias es decisión de los fiscales jefes provinciales la creación de secciones especializadas conforme establece la Instrucción 2/2010 que regula las funciones de los Fiscales Delegados Antidroga. Cádiz (14 fiscales) cuenta con dicha sección, con distribución en las distintas sedes y fiscalías de área, que incluye una fiscal en Ceuta. “Esta distribución geográfica de fiscales especializados en la materia, allí donde los hay, ha supuesto un gran avance en la lucha contra la criminalidad organizada, permitiendo una óptima coordinación con los grupos policiales que trabajan en este ámbito, así como con los juzgados y tribunales, por no hablar de la mejora en la coordinación entre los fiscales delegados de territorios donde las organizaciones son muy permeables”, se recoge en la citada memoria.
El tráfico de hachís por vía marítima intenta ser combatido por las fuerzas de seguridad a pie de campo pero también, desde los despachos, por la clase judicial para conseguir el fin último: la condena.
Todas las memorias de los Fiscales Delegados Antidroga de esos territorios: Sevilla, Almería, Cádiz-Ceuta y Campo de Gibraltar, Málaga y Huelva coinciden en que este es uno de los fenómenos delincuenciales más extendido y que mayor carga de trabajo genera en las fiscalías, agravado desde la instauración del Plan Carteia y planes análogos “diseñados para frenar a las grandes organizaciones que se expandieron en el Campo de Gibraltar en los años 2015 y siguientes”.
La gran capacidad de los narcos permite afrontar grandes pérdidas de droga
Ese Plan, iniciado en 2018, ha dado lugar a una multitud de procedimientos de trascendencia, seguidos con técnicas especiales de investigación: dispositivos de seguimiento y localización, intervenciones telefónicas, agentes encubiertos que suponen la mediación constante del fiscal en cada una de las autorizaciones y sucesivas prórrogas en los plazos perentorios de 24 horas ante los juzgados correspondientes, y la comunicación inmediata con las fuerzas y cuerpos de seguridad investigadores. Los resultados del trabajo hecho en toda la zona sur, con sus ramificaciones en Ceuta, se traduce en la aprehensión de 567.000 kilos de hachís y más de 22.000 de cocaína, correspondiendo un 4% de esas intervenciones a Ceuta y el 31% a Algeciras. Desde 2018 se ha detenido a 5.122 personas, de las cuales 803 lo han sido por blanqueo de capitales y se han decomisado 902 embarcaciones y 1.485 vehículos. El impacto económico acumulado de los bienes intervenidos se estima en 175.262.425 euros entre dinero efectivo intervenido, dinero en cuentas corrientes, bienes inmuebles y bienes muebles, siendo 98.511.244 en investigaciones de blanqueo de capitales. Se han explotado 667 investigaciones, siendo además de 141 por blanqueo de capitales.
“Estas investigaciones han puesto de manifiesto cómo son las organizaciones radicadas en la costa andaluza y su forma de operar, que evidencia la gran capacidad económica que poseen, que les permite afrontar grandes pérdidas de droga sin mermarlas. Como consecuencia de la presión ejercida en la zona del Campo de Gibraltar, ya conocemos que esos grupos han ido modificando su forma de actuar, alternando las zonas de las descargas del hachís hacía poblaciones costeras de distintos puntos de Andalucía e incluso del Levante español. No obstante, se constata que las organizaciones más potentes siguen teniendo su centro neurálgico en Algeciras, La Línea y San Roque, territorios en los que se han hecho fuertes debido al volumen del dinero con el que cuentan y al respaldo social del entorno en el que se mueven, donde disponen de un ejército de subalternos que vigilan los movimientos de cualquier persona extraña al lugar. Actualmente la actividad delictiva se expande a la zona aledaña de Málaga con gran virulencia”, se advierte en la memoria.
Contra esa férrea estructura tienen que luchar las fuerzas de seguridad y los fiscales para conseguir investigaciones de peso que puedan sostener férreas acusaciones infranqueables ante cualquier defensa del narco.
El uso de embarcaciones de alta velocidad (EAV), de 12 a 14 metros de eslora y dotada con 3 o 4 motores fuera borda de elevada potencia, sigue siendo uno de los principales medios del transporte de la droga. Cuestan unos 200.000 euros y son capaces de llevar a cabo la travesía hasta el vecino país de Marruecos y regresar a España con cantidades de hachís que rondan los 3.000 kilogramos por viaje. En ese negocio participan muchos actores, muchos grupos especializados para asegurar que resulte exitoso.
“Relacionadas con esta infraestructura se encuentran las personas que gestionan la adquisición” de estas embarcaciones, “los traslados, ocultación, adaptación y pertrecho con los dispositivos náuticos necesarios para la navegación, su botadura, pilotaje, repostaje en alta mar, avituallamiento, etc. Como se deduce del gran porte de estas embarcaciones, es necesario una cabina de camión y remolque de gran tonelaje, grúas para sacarla del camión y/o tractor para trasladarla hasta el agua. Además, embarcaciones de menor porte para llevar a cabo la entrega en alta mar de las garrafas con combustible y el cambio de pilotos si fuese necesario”. Contra todo esto, en el ámbito legal se han conseguido reformas para hacer el mayor daño posible, logrando que se considere género de contrabando las narcolanchas, incluyendo su tenencia y las demás labores como ocultación o transporte, lo que merma su posibilidad de llevar a cabo el delito al hacer daño en su infraestructura. “Es difícil determinar el número de procedimientos seguidos y acusaciones formuladas, ya que se integran en el resto de los delitos de contrabando, sin que sea posible discriminar en las aplicaciones estadísticas cuándo se trata de este tipo de géneros prohibidos”, se indica.
Pases: Ante la guerra a las narcolanchas usan más veleros o panelables para el tráfico
Indirectamente ha aumentado el empleo de barcos de recreo y panelables ya que no pueden ser encuadradas en los delitos de contrabando. A esto se suma el uso de veleros de gran eslora, más de 14 metros, a nombre de terceros o de sociedades.
Entre los muchos partícipes en labores secundarias, se plantean especiales situaciones de riesgo con las personas que tienen como misión el aprovisionamiento de combustible a las embarcaciones de alta velocidad, cuyo consumo es elevadísimo. La Memoria de la Fiscalía recuerda cómo, por ahora, “la incautación en manos de los traficantes es un indicio más de autoría, pero, por sí solo, desgajado de investigaciones, no es un ilícito penal, y muchas veces ni administrativo. Habría que estudiar, al igual que se hizo en su día con las narcolanchas, la posibilidad de la creación de un delito autónomo de contrabando que permitiera la persecución penal de estas conductas, dado el riesgo que genera y las numerosas aprehensiones de este tipo de sustancia”. En Ceuta son cuantiosas las intervenciones de la Guardia Civil que se han saldado con localización de jóvenes que esperaban la llegada de embarcaciones para abastecerles de garrafas con combustible. El problema radica en que esa función es clave para el funcionamiento de la red pero de forma aislada, sin demostrarse una vinculación con la organización, nada se puede conseguir. Se requiere investigaciones más complejas”.
En Ceuta constan hasta 7 investigaciones llevadas a cabo por grupos especializados en la lucha contra el narcotráfico a gran escala.
El covid, el menor tráfico de hachís a pequeña escala y los drones
En la Memoria de la Fiscalía 2021 se recoge como dato singular la disminución de las acusaciones y condenas seguidas por los trámites de las diligencias urgentes en las dos zonas en las que existen pasos fronterizos: Algeciras y Ceuta, donde han descendido notablemente. En Ceuta es llamativo ya que esa caída pasa de 305 a 167. Estos procedimientos se incoan por delitos que cometen las personas ubicadas en el último eslabón de la cadena de tráfico: es decir, el menudeo de hachís o pases de droga de cantidades hasta 2,5 kilos, en la vía pública o en las aduanas de esos territorios. La explicación puede encontrarse en el estado de alarma por la COVID-19, al haber menos tráfico marítimo. Por contra se abrió la vía del tráfico en drones o con motores humanos.