Alguien afirmaba en su momento que aquel que tiene el poder del dinero poco o nada le importa quien promulga las leyes, pues estas siempre van a salvaguardar sus intereses. Toda una realidad, de hecho en una ciudad tan pequeña como la nuestra esto se cumple a rajatabla, pues solamente basta con echar un vistazo a las licitaciones que se convocan para comprobar que casi siempre acaban llevando la misma dirección, casualidad, bien hacer o eficacia, si es así y todo discurre dentro de la legalidad nada que objetar, aunque muchas veces y dadas las circunstancias, uno tiene que pensar que no es oro todo lo que reluce.
Es justamente en ese momento cuando se atisba que hay mas de uno y de dos que, bajo no se sabe muy bien que protección, se pasan por el arco del triunfo y según les convenga el cumplimiento de esas leyes, pero hay que preguntarse quien o quienes tienen interés en que esto siga así, no quisiera yo pensar que precisamente los encargados en hacerlas cumplir por algún motivo no pusieran el debido celo en su cometido.
Visto lo visto, habrá que analizar el hecho del por qué se permiten tantas obras ilegales, desmontes sin los permisos pertinente, rellenos de vaguadas para crear polígonos industriales o viviendas y mansiones de todo tipo, serían algunos ejemplos de ello. Es de suponer que de todo esto le llegarán noticias a los responsables del área u oficina con competencias en la cuestión ya sea a través de las denuncias bien de la Policía local o del SEPRONA, y aún así todo sigue igual moviéndose dentro de la impunidad más absoluta.
En cualquier caso ya no se sabe muy bien qué es lo que tiene que ocurrir para que esos responsables tomen cartas en el asunto y de una vez por todas se metan en faena y pongan orden en todo este desmadre. Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, Ministerio de Defensa o Puertos del Estado representado en nuestra ciudad por la Autoridad Portuaria, son los que quizá más tengan que decir sobre esta cuestión, pues son ellos quienes ostentan la propiedad de mas del ochenta por ciento de los terrenos de la ciudad, dándose también la circunstancia de que en la mayoría de los casos, sus máximos representantes ni siquiera residen en Ceuta sino que están en Sevilla o Madrid. En este sentido cabe destacar que la ciudad solo posee un exiguo veinte por ciento sobre el que ejercer su competencia sin mediaciones de instancias superiores.
Mientras tanto parte de lo aquí expuesto se ve reflejado a la perfección en el nuevo PGOU, en el que algunas de las instituciones aludidas más arriba ni se dignan en participar directamente, como si el tema no fuera con ellos, nada más alejado de la realidad pues son estas quienes tienen la guardia y custodia de esos terrenos y no solo para exigir su propiedad sino también para tenerlos adecentados, cosa que en la mayoría de los casos no ocurre.
Es evidente que a “rio revuelto ganancia de pescadores”, gran verdad, pues de todo este caos, siempre hay alguno de esos poderes fácticos que se benefician y sin dar la cara son los que en realidad mueven los hilos para sacar el mayor rédito particular posible de situaciones que son abiertamente perjudiciales para Ceuta y sus ciudadanos.
