Pintan bastos para el Partido Popular, para el gobierno de la nación, y para todo el sistema democrático. La información que viene apareciendo sobre la supuesta contabilidad fraudulenta llevada a cabo por quien fuera su tesorero nacional, el opaco Bárcenas, supone un duro golpe a la credibilidad de los populares, la imagen internacional de España, y la confianza que los ciudadanos tenemos en las instituciones.
Las noticias hay que tomárselas con prudencia y con la cautela de quien ya ha visto la fotografía de un supuesto presidente venezolano intubado, en la portada del diario que intenta recortarle a “El Mundo” la ventaja que le sostiene desde hace tiempo.
Justo en el momento en que “El País” acaba de recibir un varapalo de credibilidad, nos despertamos con una bomba informativa, que de ser cierta, sacude un garrotazo a los pilares más transcendentales de la democracia, la integridad del Gobierno.
De cualquier forma, el fraude anunciado sería de tal dimensión que desautorizaría al Gobierno para pedir, no ya alguna medida de ajuste más sino cualquier tributación a hacienda; cuestionaría la vigencia moral del Gobierno.
Este país ya ha vivido situaciones muy delicadas. Hemos tenido exministros convictos por el secuestro de ciudadanos, se han cometido crímenes de Estado, el director de la Guardia Civil protagonizaba una rocambolesca huida asiática, y hasta la directora de publicación del Boletín Oficial del Estado se lo llevaba calentito.
Pero todo esto ha ocurrido bajo un gobierno socialista y los ciudadanos miran con más benevolencia a la progresía que a la derecha, y además, afortunadamente la memoria es breve y perezosa.
Precisamente, por esa dureza con que la sociedad tiene el derecho de medir a sus gobernantes, y por la gravedad que la trama tiene, el Partido Popular no puede limitarse a realizar auditorías, o formar comisiones de investigación internas.
El Partido Popular debe abrir las puertas de sus despachos y dejar que entre aire fresco, que se ventile el despacho del tesorero que cuando menos ha dejado un tufillo bastante molesto.
Y esto solo puede hacerlo la justicia; eso sí, esperemos que no tarde 14 años como en el caso de Unió Democrática de Cataluña.
Penoso es que Rubalcaba, sin ninguna autoridad moral (portavoz del Gobierno de los GAL, ministro de interior del caso Faisán y Vicepresidente del Gobierno del caso Interligare), se erija como portavoz de un Partido Socialista Obrero Español que está en más condiciones de dar explicaciones que de exigirlas.
Quien de verdad tiene toda autoridad moral para exigir aclaraciones, y está deseosa de escucharlas, es la sociedad española, que hastiada por tanto recorte, harta de ver tanto sátrapa metido a político, urge a emprender un replanteamiento del sistema que acabe con el cáncer de la corrupción y fraude que asola a España.
Pero lo que de verdad me preocupa de la moral de este país, es algo mucho más grave, es la sentencia, dictada en la propia Barcelona, que deja sin amparo los sobrecogedores lamentos de los no natos, asesinados en los vientres de sus madres.
