Sus servicios jurídicos tienen que estudiar este fallo antes de la próxima reunión en Madrid
Las centrales se preguntan por qué frena los traslados en Ceuta pero no en Andalucía
Los sindicatos del sector sanitario –en Ceuta CCOO, CSI.F y SATSE– permanecen a la espera de la sentencia que tiene paralizado el concurso de traslados y, en consecuencia, las oposiciones del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). La Mesa Sectorial decidió a finales de noviembre aplazar la resolución sobre la movilidad voluntaria previa a la Oferta Pública de Empleo (OPE) hasta que los servicios jurídicos de Ingesa y las centrales se pronuncien sobre esta sentencia del Juzgado Contencioso nº 14 de Sevilla. Una resolución prevista para el mes pasado que se ha pospuesto a enero. Representantes de los trabajadores presentes en esta negociación criticaron que Ingesa pueda remitir la sentencia a sus organizaciones demasiado tarde para un análisis exhaustivo, o bien, poco antes de la próxima reunión con lo cual dispondrán de un escaso margen para su estudio. Algunos de los sindicatos ya han reclamado el documento a la administración sanitaria en los últimos días a fin de evitar esta situación. Este fallo judicial, en primer instancia, obliga al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a convocar a concurso de traslados la totalidad de las plazas vacantes, incluidas las ocupadas por interinos. Un veredicto que, pese a ser emitido por un juzgado andaluz, tampoco ha impedido la continuidad del proceso de oposiciones en la comunidad autónoma vecina, destacaron desde CCOO y SATSE, de modo que ignoran por qué sí afecta a la convocatoria en Ingesa pero no a la celebración de exámenes en Andalucía. El Juzgado Contencioso nº 14 de Sevilla ha dictado una sentencia por la que condena al SAS a convocar un concurso de traslados en el que debe incluir no solo las plazas vacantes no amortizadas, sino también las ocupadas por interinos. El fallo argumenta que si esto no se hace así, existe el riesgo de consagrar situaciones en fraude de ley, como alertó hace escasas fechas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al pronunciarse sobre el abuso que las administraciones hacen de los contratos eventuales. La reclamación presentada por un médico veterinario impugnaba una resolución del SAS porque incumplía la obligación recogida en el Decreto 136/2001, sobre la obligación de convocar concurso de traslados, al menos, cada dos años y en este caso habían transcurrido ya más de 13 desde la fecha de la última convocatoria. Según las publicaciones del sector que se han hecho eco de la sentencia, como Diario Médico, la administración sanitaria estaba vulnerando el derecho a la movilidad de los funcionarios públicos. También solicitaba que el SAS ofertara la totalidad de las plazas vacantes no amortizadas de dicha categoría existentes en el momento de la convocatoria de la plantilla. La entidad gestora se opuso razonando que el Decreto 136/2001 regula la provisión de plazas básicas de los centros sanitarios del SAS y los sistemas de selección de personal estatutario, por lo que no es de aplicación al personal funcionario no estatutario. Además, la normativa señala que para el personal estatutario el plazo es solo deseable o preferente, no imperativo. El Consejo de Ministros aprobó el 18 de marzo la OPE que incluye 240 plazas para Ingesa (Servicios Centrales, Centro de Dosimetría más Ceuta y Melilla), de las cuales 236 son de acceso libre y cuatro de promoción interna. Unos días más tarde, la Delegación del Gobierno concretó que a Ceuta corresponderán 127 plazas (más dos de promoción interna). Un proceso que sindicatos y administración acordarán cuando haya resuelto el escollo de la sentencia en torno a las plazas a concurso de traslado.
El temor a que una demanda paralice este proceso Participantes en la Mesa Sectorial de finales de noviembre explicaron que la Dirección General de Ingesa teme que alguno de los sindicatos pueda interponer una demanda que paralice el concurso de traslados y, por tanto, la Oferta Pública de Empleo se demore aún más. Según las mismas fuentes, UGT fue el sindicato que presentó la sentencia que, en primera instancia, obliga al SAS a convocar un concurso de traslados completo.