La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad ante la Defensora del Pueblo contra el Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que, entre otras cosas, permite llevar las ratios máximas legales de alumnos por aula hasta un 20% por encima de lo establecido.
El sindicato considera que el texto también podría vulnerar el artículo 81 de la Constitución, que reserva a Ley Orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales, “como lo es la Educación”.
También entiende que el Decreto podría violar lo recogido en los artículos 28 y 37 de la Carta Magna y el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en lo relativo al derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva “porque no se han negociado las nuevas condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Educación”.
Igualmente, para FETE-UGT no parece haber razones suficientes de urgencia para la realización del referido Real Decreto Ley “sin contar con los agentes sociales afectados, ni contar con el propio Parlamento”, contra lo prescrito en el artículo 86.1 de la Constitución de 1978.