Los profesores ayudantes doctores de la Universidad de Granada (UGR) en Ceuta que a finales del año pasado se movilizaron, como el resto de sus homólogos, al sentirse “desamparados y sin soluciones ante la posibilidad de perder sus puestos de trabajo” siguen esperando que la Junta de Andalucía resuelva dos cuestiones, a su juicio, fundamentales para su futuro: si se podrán convocar sus plazas por ser “una especie de promoción” interna que no supone la creación de nuevos puestos y si será factible una promoción automática con ellos, modificando el Convenio Colectivo.
A la espera de que se formalicen ambas respuestas, según han informado fuentes del colectivo, existe un “preacuerdo de mínimos” de carácter “temporal” entre las partes implicadas en virtud del cual si a algún ayudante doctor debidamente acreditado como contratado como tal se le cumple el contrato, en tanto no se puedan convocar la plaza a la que pueda concursar para seguir en su puesto de trabajo, se le hará un contrato de interinidad hasta que esa plaza pueda eser convocada públicamente.
La raíz del problema, que afecta a más de 200 docentes sólo en la UGR, radica en la promulgación del Decreto-ley 1/2012 de la Junta de Andalucía y del Real Decreto Ley 20/2011, que prohíben crear plazas públicas, y en su interpretación.
