Los primeros en el cobro de determinadas pensiones, ¿los primeros en el fraude?

Cuando el delegado del Gobierno convocó, hace hoy veinte días, la comisión local de coordinación contra el fraude, se presentó una tarjeta de visita que quiere terminar con estadísticas que pudieran ser entendidas como curiosas aunque, a ojos de cualquier analista, no lo son. Lo que esconden realmente es un posible fraude o una facilidad extrema del sistema para otorgar beneficios con cargo a las arcas públicas que en otros puntos del país resultan complejos.
Ceuta figura como la segunda ciudad de todo el país con mayor número de pensiones por minusvalía de las que se beneficia una franja de edad muy concreta: de los 25 a los 30 años. Otro dato: en número de pensiones no contributivas, Ceuta es la primera del país con una abultadísima diferencia. ¿Casualidad?, ¿relajación del sistema?, ¿facilidades que esconden una inacción obligada?
La crisis económica ha provocado que se tenga que apretar el cinturón en todos los departamentos, cerrándose el grifo en áreas en las que se estaban generando unos números cuando menos curiosos.
El objetivo del foro contra el fraude, en el que cobran protagonismo especial las fuerzas de seguridad, es el de perseguir una serie de delitos que pueden darse en determinados servicios.
Así, el servicio practicado por la Benemérita el pasado viernes, que se saldó con la intervención de un contenedor de ropa falsificada valorada en casi un millón de euros, no fue aleatorio. Según fuentes oficiales, viene enmarcado en ese refuerzo de controles para evitar fraudes que afectan directamente a sectores. La mercancía intervenida -más de 13.000 prendas- tenían como punto final de venta el mercado, causando una competencia desleal e ilegal a los establecimientos que ofrecen las marcas legales.
Según la Delegación del Gobierno, se va a perseguir con ahínco el fraude fiscal, las residencias ficticias, empadronamientos irregulares, fraudes laborales, prestaciones laborales, sociales, asistenciales y sanitarias y trabajadores irregulares, entre otras cuestiones. Un estudio reciente avalado por la UGR y realizado por Nuria Galán señala, en el campo de los trabajadores transfronterizos, que el empleo doméstico que realizan cada día en Ceuta alrededor de 4.000 mujeres marroquíes mueve cerca de 14,5 millones de euros al año, siendo más de un 80 por ciento de forma fraudulenta.
En el ámbito de las bonificaciones, existe ahora un mayor control para evitar la usurpación de identidad que se estaba llevando a cabo para que personas que no son residentes en Ceuta o Melilla pudieran cobrar las deducciones.
Comenzando los trabajos, se han conocido datos que podrían apuntar a explotaciones fraudulentas de sistemas públicos.
Las fuerzas de seguridad tienen orden de actuar en cuanto detecten posibles bolsas de fraude.