Los Presupuestos Generales del Estado para este año concluyeron la semana pasada su último trámite parlamentario, quedando definitivamente aprobados. Las grandes políticas de gasto de estos presupuestos ponen de manifiesto que las prioridades del Gobierno van en la dirección contraria a la mejora de la productividad y de la competitividad que necesita la economía española.
Antes de analizar los mismos, hay que recordar que el hecho de que Rajoy retrasase la presentación de los presupuestos, por intereses partidistas hasta después de las elecciones en Andalucía y Asturias, ha incrementado la incertidumbre y la pérdida de confianza en la economía española, con graves consecuencias para nuestro país.
Pese a la propia previsión del Gobierno de que habrá 630.000 desempleados más este año, se ha producido una reducción global de las partidas de fomento del empleo del 21,3% y se reducen un 54% las transferencias a CC.AA. para políticas activas de empleo. Además, las partidas destinadas a prestaciones por desempleo disminuyen en casi 1.700 millones de euros.
Por otro lado, los fuertes recortes en Educación que ha hecho el Gobierno del PP suponen un ataque frontal a la calidad de la educación pública y a la igualdad de oportunidades. Con estos presupuestos y la subida de las tasas universitarias, se dificultará el acceso a los estudios superiores de las clases trabajadoras.
En cuanto a sanidad, se reduce en casi 200 millones de euros, en particular los programas presupuestarios de Salud Pública, que disminuyen un 45,1%, con un evidente riesgo de afectar a la calidad de la sanidad pública.
Son unos presupuestos socialmente injustos y, además, ineficaces porque acentúan la crisis y la recesión, agravando aún más los problemas de nuestra economía y las dificultades por las que están pasando millones de españoles.
