Los presuntos tratos degradantes en el ‘San Agustín’, a la Audiencia

Los recursos de la condenada por un delito contra la integridad moral a un niño y los de otras familias se verán a final de mes

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta verá a finales de este mes los recursos cruzados presentados por un lado por la maestra del Colegio Concertado San Agustín que en octubre fue condenada en el Juzgado de lo Penal número 2 como autora criminalmente responsable de un delito contra la integridad moral con agravante de abuso de superioridad sobre un alumno de Educación Infantil durante el curso escolar 2014/2015 y, por otro, por las familias de otros estudiantes sobre los que no se consideró probado que se condujese al margen de la legalidad.

A. G. R. fue condenada a la pena de un año y tres meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la docencia “en cualquier centro de enseñanza, sea público o privado; en ambos casos durante el tiempo de la condena”. Además, se le impuso la obligación de, durante dos años, no acercarse ni comunicarse con el niño al que metió en un cubo de basura al menos en dos ocasiones.

Sin embargo, la docente fue absuelta del delito o falta de lesiones que también se le atribuía, si bien fue igualmente condenada a pagar 2.000 euros a los representantes legales del menor en concepto de daños morales y a sufragar la mitad o todas las costas de las acusaciones particulares.

La versión exculpatoria ofrecida por la acusada se basó en que su proceder se había ceñido a un supuesto de utilización de la técnica pedagógica denominada ‘tiempo fuera’ o ‘time out’, un acto “exigido por una situación excepcional”.

El Juzgado no consideró probado que en otras ocasiones diese tirones de orejas o cachetes a otros niños dentro del espacio del Colegio.

“Niños maltratados  o reputación de una institución”

Mientras que la defensa de la docente condenada en octubre aspira en segunda instancia con su recurso a conseguir una absolución total, las familias que ejercen acusación particular desean que a los hechos probados acreditados se sume al menos un delito o falta de lesiones que como el que se le imputó a la maestra sin reconocimiento judicial.

Para esta parte, según ha destacado en declaraciones a este periódico, lo trascendente es “que las personas encargadas de mirar por los intereses de los menores hagan bien su trabajo sin tener en cuenta el amiguismo o la reputación de una institución que no está haciendo las cosas adecuadamente”.

“Hablamos de criaturitas de tres años incapaces de mentir o de inventarse algo tan grave y son muchos los niños implicados: un adulto puede mentir y planear una trama para defenderse pero unos niños tan pequeños no”, estiman.

La acusación confía en que la Audiencia se puedan “reconocer de una vez por todas las muchas pruebas de malos tratos sobre el interés de una institución por lavar su imagen”.