La consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda Bel, se presentó en el pleno con una extensa documentación, donde, entre otros papeles llevaba un informe del antiguo jefe del Negociado de Empleo y también un certificado del director provincial del Servicio Público Estatal de Empleo.
El informe del entonces jefe del Servicio deja aspectos muy interesantes a la hora de que la ciudadanía entienda algo tan desconocido para los ceutíes como puede ser la Colaboración social.
Para el cumplimiento de las vacantes que existían en Colaboración Social, cuando por parte del Ayuntamiento se pedía al SPEE que se cubrieran las mismas, se mandaban a los candidatos para los distintos puestos que solían ser: vigilante de noche en distintos emplazamientos, jardines, colegios, limpieza o auxiliar administrativo. Según el mencionado informe, la primera pregunta que realizaban los demandantes era la cuantía del salario a percibir (un salario que ascendía a la diferencia que habría entre su base de cotización y lo que percibían de la prestación por desempleo, y que por tanto casi nunca superaba los cuatrocientos euros). Dice el ex-jefe del Negociado que en esas condiciones no era de extrañar que nadie o casi nadie quisiera ese tipo de trabajo, por lo que una vez informado el demandante, eran muy numerosos los que rechazaban la oferta. No le quedaba otro remedio al Área de Empleo de la Ciudad que comunicarlo, lo que traía consigo la suspensión de la prestación que se recibía. Para el propio demandante era el culpable de todo lo que sucedía era la Consejería de Economía y Empleo.
Ello provocó que por parte del director provincial del SPEE se remitiera un escrito a la Consejería donde se establecen los criterios para dar cumplimiento al programa de colaboración social.
Queda muy claro, como se reconoce en el informe que llegó a leer en alguno de sus apartados Yolanda Bel durante su primera intervención en el pleno que la Consejería no era competente para la elección de los trabajadores. Y con la polémica famosa en cuanto a que se proponían nombres se justifica desde el funcionario, que tenía entonces las competencias delegadas para tratar con el antiguo INEM, que eran aquellos demandantes que con anterioridad habían manifestado en la oficina del Negociado de Empleo su deseo de trabajar en los distintos programas de Colaboración Social. A pesar de ello, no hay que olvidar que la última palabra siempre estaba en manos del SPEE que era quien daba luz verde definitiva.
Aunque la normativa de la Colaboración Social data del año mil novecientos ochenta y dos, en el caso de nuestra ciudad, desde mediados de los noventa no había muchas vacantes, como consecuencia de que casi todos los puestos estaban ocupados por los trabajadores del entonces conocidos como Pacto Social por el Empleo. Esos trabajadores pasaban, según los propios informes que constan en el Ayuntamiento, de Colaboración social a los Planes de Empleo y de los Planes de Empleo a Colaboración Social. Esa misma fórmula, por lo visto, se sigue aplicando aún a un pequeño grupo de trabajadores de ese Pacto que aún quedan, aunque a mediados de la década de los noventa hablamos de entre doscientas y trescientas personas.
Hubo un momento determinado en que se decidió la eliminación del citado Pacto Social por el Empleo, y una gran parte de sus trabajadores pasaron a formar parte de la sociedad municipal Obimace, o las Brigadas Verdes, mientras que el resto, todos los que tenían más de sesenta años, permanecieron entre la Colaboración Social y los Planes de Empleo hasta su jubilación. Al distribuirse a todos estos trabajadores es cuando comienzan a aparecer un gran número de vacantes que debían ser cubiertas por el Servicio Público Estatal de Empleo.
