El Gobierno autonómico siempre ha mantenido que el problema de los menores no acompañados no deja de ser un fleco de una situación aún más dificultosa como es el de la inmigración en general.
Porque es cierto que la Ciudad Autónoma de Ceuta asumió las competencias en menores, pero no debe perderse de vista que el noventa y cinco por ciento de los MENA son marroquíes y además sin posibilidad casi alguna de lograr la devolución a su respectivo país.
Diversas estadísticas han demostrado siempre que en la ratio número de menores no acompañados y habitantes de Ceuta, nuestra ciudad tiene una presión mayor que toda la comunidad autónoma andaluza en este aspecto.
Fueron las negociaciones que mantuvo el ejecutivo de Juan Vivas con el entonces Ministerio del Interior, en tiempo del PP, lo que permitió que por primera vez en los Presupuestos del año 2004 figurara una partida de un millón setecientos mil euros para apoyar los gastos que la Ciudad Autónoma asume en este campo.
Con la llegada del Gobierno socialista a los pocos meses se estuvieron manteniendo las aportaciones, hasta que se incrementaron después de las negociaciones abiertas entre las dos administraciones.
Tras la visita del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se constituyó un grupo de trabajo, donde por parte de la Administración Central la responsabilidad recayó en el por entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.
Fueron varios los temas que se abordaron, pero en relación con los MENA, la Ciudad Autónoma solicitó un incremento de la aportación de tres millones de euros, sin embargo, desde el Estado nada más que se admitió un suplemento de un millón. El Gobierno reconoció que “menos era nada”, pero que no renunciaba a que su gasto en el mantenimiento del área de Menores, donde casi todo el trabajo se centraba en la atención a menores marroquíes, no fuera asumido en una gran parte por la Administración General del Estado. No olvidemos que son diez millones al año el presupuesto de este área.
Fue en el año 2009, donde subió como consecuencia de la aplicación del IPC, pero ya en 2010, el Gobierno de la Nación anunció un recorte cercano al cuarenta por ciento, dejándolo en casi un millón seiscientos mil euros que se ha vuelto a repetir en 2011.
A pesar de los intentos que realizó el ejecutivo de la Ciudad Autónoma ante el Ministerio de Política Territorial, como las reuniones con el mismo secretario de Estado, Gaspar Zarrías, fue imposible esta solución.
Ahora mismo, la Ciudad Autónoma está percibiendo por parte del Estado menos dinero que cuando comenzó a funcionar el citado convenio en el año 2004.
