El portavoz del Ejecutivo Autónomo, Jacob Hachuel, ha anunciado la imposibilidad de empadronar en la ciudad a los menores atendidos por Digmun, tras la petición de esta entidad por la cual también se solicitaba su escolarización.
Al término del Consejo de Gobierno, Hachuel ha hecho público el informe jurídico encargado a la Consejería de Presidencia, por el cual se determina que esta petición es inviable al “no estar acogidos a ningún tipo de ley” que permita su empadronamiento.
“Es un informe muy bien documentado y exhaustivo donde determina que ni siquiera los niños acogidos a cafala que, por otra parte, es una figura que no existe en el ordenamiento español, ni en ningún otro del ordenamiento jurídico, permite que estén empadronados”, señalaba Hachuel.
El portavoz del Ejecutivo señalaba que la Ciudad debe “tomar en consideración este informe” que afecta directamente a la segunda cuestión relativa a estos menores: su escolarización. “Ésta depende de la Dirección Provincial de Educación y nos deberemos someter a la decisión que tomen sus servicios jurídicos que están estudiando este tema”.
Así, la ‘pelota' vuelve a estar en el tejado del Ministerio de Educación, ya que sus servicios jurídicos deberán decidir cuál es la fórmula elegida para escolarizar a los menores sin ese empadronamiento, tal y como ha indicado la Fiscalía.
Y es que sin el empadronamiento, estos menores no podrán ser escolarizados en la ciudad, uno de los requisitos para acceder a una educación reglada. “Ahí se produce un problema, pero los servicios jurídicos están estudiando este tema muy a fondo. Los derechos de los niños son bastante más contundentes que los de los adultos y nos consta que el Ministerio de Educación están estudiando este tema”, apuntaba Hachuel.
El empadronamiento y escolarización de 20 menores marroquíes a los que el Ministerio de Educación les negaba la escolarización es una demanda de Digmun y del grupo Caballas de hace meses. El tema no es una novedad, ya que la asociación en defensa de los derechos de niños y mujeres del norte de Marruecos viene denunciando esta situación de irregularidad desde 2005.
Caballas llevó el asunto a la Fiscalía y hace unos días, ésta ordenó al Ministerio de Educación que actuara en consecuencia, tal y como debía haber hecho hace años. La Fiscalía demostraba que estos menores están residiendo en Ceuta gracias a los informes emitidos por la Policía Nacional a través del grupo específico de menores. Un hecho que, sin embargo, había sido negado por el MECyD, pese a que hacía más de dos meses que se había pedido tal verificación a la Policía Local. Además existían los expedientes de cada uno de los 20 niños, con edades entre 6 y 16 años, que había elaborado Caballas al respecto y que trasladó al órgano fiscal.
No obstante, el portavoz de la Ciudad ha negado conocer la intervención de la Fiscalía en este tema, ni que la Policía Local haya emitido algún informe al respeto.
El ‘Mediterráneo’ percibirá 84.000 euros en dos años
El Consejo de Gobierno también aprobaba, por parte de la Consejería de Sanidad, un gasto plurianual destinada a la alimentación del Centro Mediterráneo por importe de 84.000 euros en dos años, correspondiente al periodo 2016-2017, lo que equivale a un total de 42.000 euros anuales, según anunciaba ayer el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel.
