La ocupación masiva de la promoción de Huerta Téllez se ha convertido en un auténtico quiste judicial y político. Los plazos deben cumplirse y ya son más de dos semanas los que llevan ocupadas estas casas que tenían sus adjudicatarios. Si bien la de Huerta Téllez se ha convertido en la primera gran ocupación de viviendas, después de la ocurrida hace unos años en un inmueble de Alfau, no es el único procedimiento que arrastran los juzgados de nuestra ciudad.
En lo que va de año, y solo en el ámbito estrictamente penal, se han tramitado 22 diligencias previas relacionadas con ocupaciones y una urgente. Sentencias aún no se han dictado, resolviéndose, eso sí, otros asuntos en anteriores anualidades que están recogidas en la memoria judicial. En este grueso no se contabiliza la multitud de asuntos que no siguen la vía penal, sino que están protagonizados por propietarios que optan directamente por los desahucios por precario, continuando la vía civil.
Las víctimas son los dueños, porque se ven de la noche a la mañana sin sus pertenencias, viéndose obligados a iniciar un procedimiento que cuesta dinero, a sabiendas de que, llegada la resolución, no podrán más que recuperar su propiedad porque los okupas son ciudadanos carentes de recursos, al menos oficiales.
La identificación de quienes han usurpado las viviendas es primordial para que pueda funcionar la maquinaria judicial. Sin la relación de nombres y apellidos resulta imposible iniciar cualquier desalojo. La Delegación del Gobierno apuntó a este medio que la Policía Nacional ya había hecho su trabajo logrando un importante número de identificaciones de los okupas de Huerta Téllez. Estos, en cambio, lo niegan.
Y es que los okupas de la 206 viviendas han recibido con sorpresa las declaraciones de la Jefatura Superior de la Policía Nacional a través de la Delegación del Gobierno acerca de la culminación de su identificación a fin de proceder a su desalojo. Los habitantes de la promoción aseguran que ningún agente de las fuerzas de seguridad acudió a ficharles desde los primeros días que siguieron a su entrada en las casas. La Consejería de Gobernación estimó que la Policía Local solo pudo identificar en aquel momento a 14.
Es más, estos invasores de lo ajeno aseguran que los agentes ya ni aparecen por los apedreamientos que, lamentaron, se les atribuía a ellos cuando en realidad, reiteraron, sus autores eran alumnos rebeldes del propio instituto ‘Clara Campoamor’. Como muestra de esta presencia policial que describen como nula, los okupas recordaron que hace unos días requirieron telefónicamente un zeta y “la respuesta fue que no podían” acudir. El motivo de la llamada fue un desencuentro entre unos hombres y el vigilante de seguridad que presta servicio en Huerta Téllez.
Pese a esta ausencia policial, los ocupantes de la promoción explicaron que, este lunes, una asistenta social recorrió la zona tomando fotografías. Las familias sospechan que esta trabajadora de la administración trató de verificar que los niños habían acudido al colegio. “Sabemos que hemos hecho mal empujados por la necesidad, pero nuestros niños no faltan a clase”, sentenciaron.
De momento de lo que sí se tiene constancia es del paso dado por el Ayuntamiento al retirar, en dos casos, las ayudas a okupas porque, argumentan, no pueden ofrecerlas habiendo incurrido en un acto de este tipo. Lo harán con el resto de ciudadanos que verifiquen han entrada en estas casas.
Y mientras esta situación sigue así, los letrados que defienden los intereses de los afectados de Huerta Téllez siguen avanzando en los plazos para conseguir la liberación de las casas, confiando en que pueda llevarse a cabo un procedimiento por urgencia que avale la actuación de la Policía Nacional y Local en el desalojo de todas las personas que ocupan uno de estos hogares.
LAS CLAVES
25 de septiembre
Tras una perfecta coordinación por teléfono móvil y también por Facebook, muchas personas deciden orquestar la entrada masiva en la promoción de Huerta Téllez. Lo hacen pero además también ese mismo día se produce un saqueo de algunas propiedades.
Identificar y actuar
La denuncia por la ocupación de esta promoción ha sido interpuesta ya en los juzgados, pero ahora resulta necesario disponer de la identificación de todas las personas para que se les pueda desalojar.
Los dueños, a la espera
Quienes pagaron por las casas están a la espera de que haya una actuación para que así se les puedan entregar sus viviendas por las que pagaron y por las que siguen pagando. Mientras los okupas argumentan que ellos también tienen derecho a una vivienda y que por eso actuaron de esta manera.
Estrechando el cerco
Y mientras todo esto sucede, la Ciudad va dando pasos para hacer más complicada la ocupación. Primero cortando los suministros básicos de luz y agua o retirando ayudas a los que las tienen.
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