Gómez Bermúdez analiza las relaciones entre la prensa y los procesos judiciales y aboga por sancionar los casos en los que se desvele el secreto de sumario.
El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, cerró ayer una conferencia sobre las complicadas relaciones entre la Justicia y los medios de comunicación ante una salón de actos del Palacio Autonómico repleto de autoridades, profesionales y el público que se acercó a uno de los actos fundamentales del 75º aniversario de ‘El Faro’.
La información judicial. Los juicios paralelos era el título de la ponencia estructurada bajo la firme rigurosidad que acompaña a la fama del magistrado y el balanceo que se supone a cualquier intervención judicial: manejó tanto la visión de un hombre de leyes como la propia de los medios de comunicación, a lo que seguro que ayudó su mujer Elisa Beni, periodista y directora de este periódico entre los años 88 y 89.
La primera parada de su discurso recaló en los diferentes tiempos que manejan un juzgado y un medio de comunicación. Para el primero, cuando se inicia un proceso, “la investigación está en puntillas, no hay prácticamente nada”. Sin embargo para un periódico el comienzo del proceso está en “punto más álgido”, cuanto más cerca se encuentre de un suceso lo suficientemente contundente para ser noticioso. Es entonces cuando “la empresa periodística se encuentra en plena ebullición”. Los tiempos de uno y otro “son tan diferentes que se puede decir que se contrarios”. Bermúdez ejemplificó la diferencia con la frase de un reportero, del que no quiso dar el nombre, que hablaba de la necesidad del periodista de “instruir, enjuiciar y sentenciar en media hora”. Algo que no es más que una respuesta a la demanda del público cuando se enfrenta a casos que son éticamente “inadmisibles”.
Uno de los recursos que dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal es el secreto de sumario, una determinación que implica que sólo el juez y el fiscal puedan conocer el contenido de la instrucción. Mientra que cualquier información de un juicio es reservada para las personas implicadas, el secreto de sumario se determina para el propio “buen fin de la investigación judicial”.
La cuestión se centra entonces en quién filtra a los medios, una “realidad tozuda” que se produce con frecuencia. “Frecuentemente la respuesta se puede buscar en los abogados y el fiscal” por su interés en llevar el juicio ante la opinión público. El problema de que la información proceda entonces de una fuente interesada es que “sólo va a dar información quesea beneficiosa para el cliente, la propia del que tiene interés”. El juez, los funcionarios judiciales o las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son los otros focos principales de filtraciones.
“¿Y qué sucede cuando un sumario es filtrado a la prensa? La respuesta es desoladora: Nada”. Una “tradición en España” que para Bermúdez es la “peor de las soluciones” y que ofrece “una imagen clarísima de que esto no es serio”. Algo que está amparado por una doctrina del Tribunal Constitucional “según la cual si la información se ha obtenido de una fuente distinta del propio sumario, aunque esté relacionada como puede ser un testigo, no existe la revelación del secreto de sumario”. El problema no es que “esté prohibido todo” y “la libertad de expresión, “que es una piedra esencia de la Democracia, es un derecho fundamental pero no absoluto”.
Bermúdez habló igualmente del derecho del periodista a la reserva de sus fuentes, un derecho amparado pero que para el magistrado debería tener una salvedad: “Los show y reality show que aparentemente utilizan el formato periodístico. No está actuando como medio para difundir el derecho a la información son meros entretenedores y eso es una actividad no protegida”.
La respuesta para acotar el “queso gruyere” en el que se convierte a veces un sumario designado como secreto es “sancionar su difusión” como ya realizan algunos derechos centroeuropeos, “así de fuerte”, salvo que se dé una autorización expresa del juez y el fiscal. Así un periodista debería comunicar al órgano judicial cuando tiene una información procedente del sumario y que este le indicara qué puede decir y que no. Para Bermúdez no es la mejor de las soluciones. Lo ideal sería que “los propios periodistas se autorregularan mediante un código deontológico”.
En retribución, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional habló de una regulación más precisa y “racional” del secreto de sumario para favorecer al derecho a la información. “No pueden pasar tres años antes de conocerlo, hay que limitarlos temporalmente y que se decrete de forma estricta”. Bermúdez propuso seis meses de máximo de secreto de sumario y “excepcionalmente” con una prórroga de tres en condiciones claras.
Bermúdez concluyó la conferencia con la consecuencia de las filtraciones: los juicios paralelos, un término que es jurídico y ha sido adoptado posteriormente por el periodismo. El juicio paralelo es “el conjunto de informaciones sobre un asunto pendiente de resolución” que provoca un desarrollo correlativo al proceso de “juicios y valoraciones legales o éticas”. Lo que produce una sustitución y un trasvase “de la jurisdicción estatal por la mediática” que, en muchos casos, llega a conclusiones “precipitadas” y es una forma de presión para los jueces y, sobre todo, para los ciudadanos que forman parte de un jurado.
Un subproducto de este tipo de procesos, “un efecto colateral”, es el surgimiento de jueces estrella: “No son buenos para una justicia sana”, sentenció. Primero porque se “sacraliza” su figura y se pierde la visión sobre una justicia de conjunto, las instituciones no son las que funcionan sino sólo “algunos superhéroes”. Bermúdez aclaró que el juez estrella no es aquel que al llevar un proceso conocido obtenga como resultado los focos de las cámaras, sino aquellos que “buscan protagonismo”.
Bermúdez concluyó afirmando que la filtración provoca “desconfianza al poder judicial y una nefasta imagen” y el secreto de sumario es una herramienta necesaria “para proteger al hombre honrado de errores y abusos”.
Un “especialista” en terrorismo e “instigador” de la Doctrina Parot
El encargado de presentar al magistrado Javier Gómez Bermúdez fue el vicepresidente del Comité Organizador de los actos por el 75 Aniversario de ‘El Faro’, José María Campos. Un hombre lo “suficientemente conocido” como para no necesitar presentación por presidir el juicio de los atentados del 11 de marzo de 2004. Pese a la introducción, Campos abundó en su figura: Bemúdez fue juez a los 24 años y “actualmente tiene su despacho abierto cada viernes para las víctimas del terrorismo”. Su carrera ha estado vinculada a procesos de terrorismo, donde es “un especialista”, tanto de ETA como del GRAPO. Fue ponente en procesos a la cúpula de ETA detenida en Bidart (Francia) y participó en el proceso por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Otro proceso de relevancia mediática fue el de las falsas identificaciones del Accidente del Yak-42. Ha sido uno de los instigadores de la Doctrina Parot por el que siguen entre rejas muchos miembros de ETA. En 2004 recibió el primer premio organizado por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco. Campos también narró su vinculación con ‘El Faro’. Su esposa Elisa Beni, licenciada en Ciencias de la Información, fue directora de este periódico entre los años 88 y 89 “siendo la directora más joven que había entonces en España”. Beni también ha sido directora de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
