Son documentos restringidos. Papeles que no verán la luz porque su publicación provocaría una situación "desventajosa" para los intereses de la Unión Europea "o de uno o más de uno de sus Estados miembros". Es el tenor literal de la normativa que impide a la eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, hablar con profundidad del contenido de dos informes elaborados por funcionarios de la administración europea tras una visita a la valla de Ceuta en 2017.
Albiol tuvo acceso a dichos documentos en una sala preparada por la Unidad de Informes Clasificados del Parlamento europeo, a la que tuvo que acceder sin ningún tipo de dispositivo electrónico. Mientras consultó los documentos, explica, estuvo en todo momento vigilada por un funcionario que le impedía tomar nota de nada de lo que tuviese entre manos.
A pesar de que Albiol no puede hablar del contenido de estos dos informes, uno de ellos relativos a la aplicación de Schengen en las fronteras de Ceuta y Melilla y el segundo concerniente a las devoluciones y deportaciones de inmigrantes que realiza España, la parlamentaria europea sí ha podido dejar algunas pistas a través de un vídeo que su grupo ha publicado a través de las redes sociales.
En él, Albiol, recién salida del edificio del complejo europeo, en Bruselas, detalla que el contenido de estos informes, sobre los que no puede dar más detalles bajo amenaza de sanciones disciplinarias, económicas o incluso penales, viene a confirmar las "sospechas" de Izquierda Unida.
"Ya entendemos por qué quieren que los contenidos sean secretos. Quieren tener sus vergüenzas bien escondidas y vienen a demostrar lo que ya sospechábamos: existe complicidad absoluta entre la Comisión Europea y el Gobierno de España por la cual lo que menos importan son las personas y lo que más el mantener las fronteras cerradas a cal y canto", ha adelantado la diputada.
"Es un modelo, el de blindaje de fronteras con las condiciones en las que llegan las personas al Estado español, a unos Centros de Internamiento de Extranjeros que son más bien cárceles, que no cumplen las condiciones mínimas, y en cooperación con el Reino de Marruecos y otros estados africanos con los que existen acuerdos tanto formales como informales para externalizar estas fronteras. Un modelo que se basa ya no solo en que no puedan acceder a Europa, sino en que las personas no puedan salir de sus países de origen, vulnerando los derechos humanos con la complicidad de nuestro gobierno".
Albiol ha confirmado a este diario la imposibilidad de difundir nada del contenido de sendos informes aunque ha adelantado que su grupo trabajará para que la CE los haga públicos, remitiendo esta misma semana una misiva con este objetivo.
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