Los guardias no perderán destino tras la privatización de la seguridad en la cárcel

La vigilancia en las prisiones ha sido una labor incluida en la agenda de funciones de la Benemérita.

Lo ha sido hasta ahora, después de que el Gobierno haya confirmado su intención de sustituir a los agentes por vigilantes de seguridad privada. Más de dos mil guardias civiles se verán afectados por esta norma y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se encuentra trabajando ya en la elaboración de un informe que presentará al Ministerio de Interior sobre la influencia de esta medida en los agentes del Cuerpo. Buena parte de esa vigilancia la desarrollarán quienes antes trabajaban de escoltas en el País Vasco y Navarra, además de vigilantes que se sumarán al plan de seguridad privatizada con el que el Estado quiere continuar apretándose el cinturón mientras que AUGC advierte de que se mantendrá vigilante para que el efecto en cientos de agentes no sea tan sangrante después de años haciéndose cargo de este servicio de protección.
En la actualidad hay más de 50 cárceles distribuidas en todo el país que cuentan con la vigilancia de unos 2.400 agentes del Instituto Armado, según estimaciones de AUGC. Entre ese ramillete de penitenciaría se encuentra la de Ceuta, en donde también la Guardia Civil dejará de prestar servicio de vigilancia. Lo hará primero en la de Los Rosales, para, después, una vez terminada la obra -ya retrasada al menos en un par de años- de Fuerte Mendizábal suceder allí lo mismo. Otras prisiones, como la de Melilla, dependen del Cuerpo Nacional de Policía.
“Durante el último Consejo, celebrado el 20 de marzo, AUGC trasladó al ministro y al director general la preocupación por el rumor entre los guardias civiles sobre su sustitución por vigilantes privados después de haber sido sustituidos miles de escoltas en el País Vasco que se quedaban en el paro. Esta información nos llegó porque lo contaban los vigilantes que habían servido de escoltas a políticos y a los que se les había prometido la posibilidad de pagarle los servicios prestados dándole trabajo de vigilancia en las prisiones”, informa la asociación. Del rumor se pasó primera a la negativa por respuesta, para, días después, desvanecerse esa mentira tras el reconocimiento hecho por el propio director adjunto operativo del Cuerpo a la AUGC de que sí, de que los guardias iban a terminar abandonando una misión ya tradicional para ellos.
“En Ceuta”, indica la asociación, “la Guardia Civil dejará de prestar servicio en la prisión que pasará como en todo el país a depender del servicio de vigilantes de seguridad”. En el caso de la ciudad autónoma los guardias no tendrán que abandonar su destino ya que, ante la carestía de agentes, los que queden libre del servicio en la prisión serán destinados a otros.
“La falta de guardias civiles no afectará en la ciudad porque, estimamos, quedarán en Ceuta prestando el servicio en la frontera al pertenecer los guardias a la Compañía de Seguridad Ciudadana de Ceuta –encargada de prestar servicio en el perímetro fronterizo, cárcel y edificios públicos-”, avanza la asociación. En la cárcel estos agentes vienen prestando servicio en tres turnos (mañana, tarde y noche) entre cuatro y seis guardias civiles diarios. A todos ellos se les destinará al perímetro y edificios públicos. Sin embargo, desde AUGC se piensa que más adelante esa sustitución será también en edificios públicos. “En Hacienda ya realiza servicio un vigilante y no hay guardias civiles y en el propio juzgado ya hay vigilantes de seguridad”, matiza.

AUGC luchará para que no haya ningún guardia civil perjudicado

La sustitución de la vigilancia en las prisiones puede llevar consigo traslados de guardias civiles, ya que la situación geográfica y el número importante de guardias civiles que serán sustituidos impedirá que los agentes se puedan quedar todos en la misma localidad. Como ejemplo Madrid, donde hay más de 300 guardias civiles distribuidos en varias localidades distantes de la capital. La retirada de los servicios no vendrá de la mano del mantenimiento de sus destinos, por lo que se acordarán traslados forzosos a otras comandancias del país. En esto la postura de AUGC es clara: se opone a que los guardias salgan perjudicados por el cambio así que advierte que estudiará cada caso para que no se produzcan estas deficiencias. AUGC está muy preocupada y luchará para que a nivel nacional los guardias no tengan que abandonar las localidades donde están destinados, porque muchos de ellos ya están instalados con sus casas e hipotecas y, por lo tanto, no se puede permitir, “ni vamos a permitir”, dicen, “que por agradecer los servicios prestados a los escoltas se vean perjudicados los guardias civiles y sus familias. Desconocemos los intereses que puede haber detrás de estos cambios, pero para nosotros el único interés es defender los derechos de los guardias”.

Una historia en común

C.E./ ceuta
La vigilancia en la cárcel de Los Rosales no se entiende sin la Guardia Civil. Desde que existe la penitenciaría en Ceuta, la Benemérita ha estado presente, teniendo encargada la vigilancia del recinto. Con su sustitución se pondrá punto y final no sólo a una manera de controlar que prevalezca el orden dentro de la penitenciaría sino, también, a una intrahistoria, a la que han vivido presos y guardias durante tantos años de convivencia con roles enfrentados. Los primeros, penando por los delitos cometidos; los segundos, garantizando que no se produzcan fugas o delitos entre rejas.
Cuando el Gobierno ponga el punto y final a esta relación, quedarán para el rincón de las batallitas las historias de las fugas que se han producido o las amistades que han nacido dentro de Los Rosales, amén de las redadas o los accidentes en los que la figura del Guardia Civil ha sido clave.
Atrás quedan historias de escapadas abortadas por los propios agentes o sufridas por ellos, al no poder interceptar a los fugados. Más en el plano sentimental queda más de una relación nacida entre guardias y presas que, tras cumplir la pena, han terminado casándose con quienes tenían encomendada la vigilancia del centro. O historias menos felices y más complicadas de soportar, como las de aquellos agentes que han tenido que ser testigos de la entrada en prisión de sus propios hijos o familiares directos que han pasado a cumplir condena en el centro vigilado por ellos. Peores tragos han sido los encarnados por aquellos agentes del Instituto Armado que han terminado cruzando la línea convirtiéndose en presos, yendo a ocupar, de forma provisional, alguna de las celdas de Los Rosales vigilada por sus propios compañeros.
Con la decisión del Gobierno se echa el cierre a este tipo de historias, dando paso a otra etapa en la que el Estado ha querido encomendarse al resultado que dé la seguridad privada. La salida ha provocado que surjan más rumores acerca de los beneficios que obtiene el Gobierno de esta privatización. Son rumores que forman parte de la oportuna crítica política de la que quiere desligarse la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Las plantillas de las cárceles están configuradas por agentes con una dilatada experiencia profesional, asentados ya en los municipios cercanos y, en muchos casos, con residencias propias, y quedándole poco tiempo de vida profesional. Serán estos agentes las víctimas de un planteamiento que ya no tiene marcha atrás y que se pondrá en marcha en este año. España sigue el sendero de otros países europeos en donde la privatización de la seguridad está a la orden del día. Es el caso del gobierno inglés que trabaja ya en la privatización de parte de su vigilancia.