{jaimage crop="TC" /}El Pleno de la Asamblea aceptó ayer, tras retocar formalmente su parte resolutiva, una moción de urgencia del PSOE con la que los socialistas consiguieron el compromiso gubernamental de crear una Unidad Administrativa Específica para el seguimiento y control “de la ejecución de los grandes contratos de prestación de servicio” y la garantía del Ejecutivo de “no adjudicar contratos con una duración superior a 10 años”.
Carracao justificó la oportunidad de su reivindicación como una forma de “avanzar en la racionalización de los recursos públicos para conseguir mayor eficiencia y eficacia en las labores de dirección y supervisión de la ejecución de los contratos que suscriba la Ciudad Autónoma”.
“Estamos de acuerdo en todo aquello que tienda a mejorar los procedimientos de fiscalización y control, pero no a limitarnos a nosotros mismos más de lo que establece la legislación en materia de contratos porque podría coartarnos la realización de determinadas inversiones”, argumentó el consejero de Hacienda, Guillermo Martínez, quien recordó que muchos “grandes contratos” como el de limpieza viaria y contenedores ya se limitan a una década.
“Como concepto está bien y de hecho ya lo estamos aplicando”, resumió el portavoz gubernamental, quien recordó que actualmente cada contrato, con independencia de su montante y duración, “tiene al menos un responsable específico”.
Aróstegui intervino en el debate para lamentar que “todo lo que supone fiscalización termina en agua de borrajas con este Gobierno” y denunció que “sus Pliegos de Condiciones acostumbra a ser un absoluto desastre”. “Lo razonable sería ordenar toda la política de Contratación, a lo que se niegan, y el problema será el mismo: cómo responder a incumplimientos”, criticó.
