Iniciaremos estas palabras recordando que Alfredo Pérez Rubalcaba es Diputado por Cádiz, provincia que desde que se supone representada por él en las Cortes encabeza las estadísticas europeas de paro rozando el 32% de trabajadores desempleados –a punto de llegar a los 200.000, y 60.000 familias sin nadie trabajando-, sufre paralizaciones o graves retrasos en prácticamente todas sus obras de infraestructuras, y además se ha convertido en la imagen representativa de la “desertización” industrial –el caso más reciente, sin ir más lejos, el cierre de la filial de Ford, Visteón, que ha tirado a la calle como a perros y sin que nadie se lo impida a 400 trabajadores-. Este es el interés de Rubalcaba por el pueblo al que se supone debe representar, y que en su día le votó para ello. Si los resultados son estos a nivel provincial, habría que imaginarlos como presidente del Gobierno, aunque notoriamente en la actualidad ejerce como tal.
Este, que se podría calificar presidente de facto, ante la inoperancia del actual presidente elegido por el pueblo, no hace mucho que literalmente manifestó que “hay que hacer las cosas distintas a como se hicieron hace unos años” y “tomar una senda distinta” para incentivar la recuperación económica.
De las primeras cuestiones que ha acometido para “hacer las cosas distintas a como se hicieron hace unos años” ha sido promocionar e impulsar como Ministro del Interior y responsable de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la prohibición a los guardias civiles del derecho reconocido a manifestar sus reivindicaciones laborales y profesionales. Pero no lo ha llevado a cabo modificando la Ley de Derechos y Deberes de los guardias civiles, elaborada y aprobada por los propios socialistas en el 2.007, sino ocultando esta modificación en la Ley de Contratos Públicos de Seguridad y Defensa, votada por la Comisión de Hacienda del Senado. Ni la Ley, ni la comisión son precisamente las adecuadas para abordar este tema, lo que demuestra la bajeza, la traición y el engaño con el que se está tratando a los guardias civiles, y a toda la ciudadanía, teniendo en cuenta que quien hace uso de estas acciones perversas, las repetirá siempre que se le antoje orillar la realidad democrática de nuestro país de forma arbitraria.
Es altamente preocupante que quien en la actualidad maneja el poder en nuestro país, se haya inclinado como primera medida por remilitarizar la Guardia Civil. La represión a la que se está sometiendo a todo aquel que osa denunciar carencias tanto materiales, laborales como profesionales, o recortes de derechos; la cada vez más estricta pauta militar que se está imponiendo y este último episodio de vetar las manifestaciones, nos lleva a recordar las características de la declaración de un estado de alarma, por el cual se impone el mando militar y los afectados son privados de una serie de derechos fundamentales. Pero en el caso de los guardias civiles se viene realizando a escondidas de la vista del pueblo en general, y con métodos bastante opacos.
Ello puede tener un significado bastante claro, y es que el Gobierno haya optado por asegurarse tener un cuerpo militarizado y dócil que responda con contundencia ante las protestas que se podrían originar en caso de cumplirse la otra declaración recogida de boca de Rubalcaba, “tomar una senda distinta para incentivar la recuperación económica”. Las medidas antisociales que se vienen rumoreando, como una subida de impuestos, un nuevo recorte salarial a los empleados públicos, o la adopción de nuevas disposiciones que supongan un mayor sacrificio para los ciudadanos, vendrían a ser la gota que colmara el vaso, y sin haberse verificado aún estas medidas, parte de la ciudadanía se ha declarado abiertamente “indignada” originando movimientos contrarios a los argumentos, motivaciones y acciones que hasta la fecha ha venido practicando el Gobierno.
En lo que respecta a la maniobra artera llevada a cabo recientemente para tapar la boca a los guardias civiles vetándoles el derecho reconocido de manifestación, no cabe duda que le seguirán otro tipo de medidas coactivas –cuando no represivas-, pues la primera tradicionalmente es, como se acaba de hacer, la prohibición de hablar para que no puedan contarse las que irán llegando a posteriori.
Negro futuro se presenta para la Guardia Civil, en el que de continuarse ya no con los incumplimientos de promesas, sino con el recorte de los derechos fundamentales que como ciudadanos han de disfrutar todos los guardias civiles, se podría volver a un pasado de clandestinidad para recuperar el terreno arrebatado. Un pasado en el que, como en anteriores gobiernos socialistas, se llegaron a usar métodos ilegales para la represión y expulsión de guardias civiles. Un pasado en el que guardias civiles chocaron contra guardias civiles en una lucha fratricida fomentada por los gobiernos de turno. Quizás el señor Rubalcaba no se haya planteado este resultado, capaz de negociar con terroristas y torpe a la hora de escuchar a los guardias civiles.
Desde AUGC se pretende que esta situación no llegue a hacerse realidad, pues a nadie le favorecería, sino muy al contrario, todos en la sociedad nos veríamos perjudicados por las consecuencias derivadas de una situación tan indeseable. Es por ello que esta Asociación quiere dejar claro que no podrá mantenerse al margen, ni impasible, ante actuaciones conducentes a degradar aún más la situación actual en la que se encuentran los trabajadores de la Guardia Civil y sus familias.
