Mientras la Ciudad vivió la época de las ‘vacas gordas’ no reparó en términos que ahora constituyen auténticos quebraderos de cabeza. Los pisos patera, los empadronamientos ficticios, la marroquinización silenciosa, la pérdida de identidad de barriadas enteras... Ahora han saltado todas las alarmas y lo ha hecho, especialmente, cuando las cifras del padrón han dado un salto difícilmente explicable. Ni el regreso de ceutíes motivado por la crisis puede ser la razón para que se haya superado la barrera de los 85.000 residentes, que obliga a la Ciudad a atender un amplio abanico de atenciones lo que se traduce en un gasto mayor.
El delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, ha enarbolado la bandera antifraude como símbolo característico de su gestión. La semana pasada, en una reunión ajena a los medios aunque publicitada con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, puso sobre la mesa como objetivo primordial entre ambas administraciones el seguir sacando a la luz los empadronamientos ficticios y el acabar con los pisos patera que han terminado por transformar barriadas emblemáticas como la de Hadú o Alfau.
Los datos que maneja la Consejería de Presidencia, que coordina todas las atenciones sobre el control del padrón, son llamativos y refleja el amplio volumen de picaresca que se encontraba detrás de estas prácticas.
En todo el año 2012 la Ciudad denegó hasta 741 empadronamientos a extranjeros, es decir, echó para atrás solicitudes cursadas por marroquíes porque tras las comprobaciones llevadas a cabo se supo que no cumplían con los requisitos necesarios. Este es el volumen de los denegados, al margen, en esta campaña de lucha contra la picaresca, se ha cursado la baja de 267 personas, estando todavía pendiente hacerlo con otros 91 más. Es decir, se habrían desempadronado 358 personas tras comprobarse que eran falsos. A este montante, ya de por sí marcado por cifras abultadas, cabe sumar los 180 expedientes que están pendientes de una resolución.
¿Qué piensan de todo esto?, ¿es lógico que en una ciudad se haya comprobado que hay casi 400 personas ‘fantasma’, individuos que reciben beneficios pero que no residen legalmente en Ceuta?, ¿a qué se debe toda la avalancha de peticiones y por qué el 65% de las solicitudes cursadas al padrón es de ciudadanos marroquíes?
La puerta abierta al fraude, que tiene uno de sus primeros pasos en la consecución del empadronamiento, permite dar otros pasos que conllevan al ámbito del delito. ¿Quiénes viven realmente en los ‘pisos patera’, a qué se dedican, para qué obtienen esa residencia ficticia? Lo más grave es que hay incluso viviendas de protección oficial, asignadas a beneficiarios que nunca las han ocupado y que sirven para un alquiler nunca declarado e incluso para favorecer la entrada de personas que terminan convirtiéndose en los vecinos nunca vistos.
Según datos oficiales, en estos momentos la Ciudad, a través de la Policía Local y el equipo de agentes que se dedica de forma exclusiva a estas labores de comprobación, ha ordenado la ejecución de 1.000 muestreos aleatorios. Además se van a llevar inspecciones de ‘pisos patera’. En estos momentos se tiene nada menos que 246 revisiones en ejecución, atendiendo a una fórmula matemática fácil de resolver: el número de personas registradas en una vivienda tiene que ser adecuada a las dimensiones de la misma. ¿Consideran normal que en un piso de dos habitaciones haya nada menos que 24 personas empadronadas? Es de cajón que se está ante una vivienda que sirve para facilitar empadronamientos ficticios de individuos con intenciones de sobras conocidas. De esas 246 revisiones, la Ciudad ha confirmado que algunas ya se han llevado a cabo pero otras, una buena parte, forman parte del calendario de actuaciones marcado para este año.
La presión es notoria y el fraude que nace en estos primeros pasos termina formando una sociedad a parte, una sociedad no implicada, que termina desdibujando Ceuta y de la que no se conoce ni identidad ni orígenes. Los últimos datos oficiales apuntan a que podría superar la barrera de las 2.000 personas.
Crear una comisión contra el fraude: en el objetivo de ambos
Las dos administraciones están preocupadas por los efectos del fraude. La Ciudad, de entrada, por los perjuicios económicos que le ocasiona tener que atender a una población que obtiene unas ayudas sin que tenga derecho a las mismas. La Delegación, por la vertiente delictiva que puede ir de la mano de un volumen de personas que, con informes por delante, están relacionados con otras prácticas tales como la mano de obra clandestina, el tráfico de parturientas o el control de negocios que están protagonizados por una población marroquí incontrolada. Esa flexibilidad fronteriza a la que aludía el delegado del Gobierno en una charla que sobre seguridad ofreció en el PP tiene mucho que ver con esta problemática.
24 personas... ¿en dos habitaciones?
C.E. ceuta
En la campaña iniciada para intentar cuadrar los datos del padrón y ajustar la población de Ceuta a los datos que realmente existen, se llevó a cabo un análisis de viviendas orientado a detectar aquellas en las que era imposible que existiera el número de individuos que oficialmente estaban registrados. Así se toparon con casas en las que, con solo dos habitaciones, había 24 personas censadas, o viviendas de reducidas dimensiones en las que constaba la residencia de hasta 15 individuos. Cuando la Policía acudía a la vivienda para comprobar este extremo se topaba con que nadie, absolutamente nadie, abría la puerta. Las declaraciones de los vecinos ayudaban a ratificar las sospechas: que esa casa estaba sirviendo para dotar de legalidad lo que no lo es.
La Policía Local está obligada a realizar dos notificaciones antes de la publicación en el BOCCE de la baja en el padrón. Este es el trámite que se ha seguido para llevar a cabo las casi 400 bajas ya ejecutadas. El margen de error ha sido mínimo, casi todos los expedientes han terminado dando la razón a la Ciudad.
Hay barriadas en las que los pisos patera se han convertido en el pan nuestro de cada día. Bloques de Hadú han perdido a todos sus vecinos tradicionales para quedarse en manos de ciudadanos que se dedican a utilizarlos para que otros obtengan beneficios aun sin residir en la vivienda. Son bloques fantasma que causan incluso el temor entre los ciudadanos de toda la vida que ya no saben ni quién o quiénes son los que han pasado a dominar toda la comunidad.
Detrás de estos casos hay individuos que se dedican a este negocio, es decir, a permitir que estas prácticas se produzcan, solicitando empadronamientos para individuos a los que cobrarán un dinero por simular que residen en la vivienda de su propiedad. Directamente además de las ayudas sociales podrá beneficiarse del plan de empleo o, en el caso de estar parado, del cobro del subsidio, aunque realmente esté residiendo al otro lado del Tarajal.
La administración, presionada por la gran bolsa del fraude, ha echado mano de un refuerzo del control para permitir que aflore todo un submundo de clandestinidad que estaba durmiendo.