Los propietarios de los establecimientos del Pueblo Marinero han pedido a la Ciudad Autónoma que ponga medios para que la zona no se convierta en el “botellódromo” oficial el próximo día 31 y no se vuelva a repetir una imagen tan lamentable como la que sucedió el 24 de diciembre. Recordemos que la empresa Trace denunció como se encontraba esta zona, “fruto únicamente del incivismo y de la permisividad con esta práctica de nuestros jóvenes por parte de las autoridades”. Unas quejas que la comunidad de propietarios ha hecho pública a través de un comunicado oficial.
Han solicitado al Ejecutivo del presidente Vivas que controle la venta de alcohol a bajo precio a menores, lo que está prohibido por la ley. “El pasado día 24 vimos con disgusto que los agentes de los distintos cuerpos controlaron la situación en las calles del centro, pero hubo manga ancha en la zona del Poblado para con esta práctica, lo que provocó un efecto llamada que acabó por perjudicar sobremanera a los negocios de hostelería instalados en esta zona”.
Por su lado, exigen que se desarrolle una ordenanza, tal y como se comprometió el Gobierno recientemente, “para regular esta práctica y ponga todos sus esfuerzos en evitar la misma, con mayor ahínco si cabe, entre los menores para así evitar el alcoholismo juvenil y dañar con sus políticas aún más al sector hostelero que paga sus impuestos y la Seguridad Social y cumple con la legalidad”
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