Los altos funcionarios seguirán cobrando por el asesoramiento a los Consejos de Administración después de que ayer se desestimara, con los únicos votos del PP, la propuesta de nulidad que había sido presentada por la UGT contra la Base número 39 de los Presupuestos de la Ciudad.
Los populares se aferraron a los dictámenes favorables emitidos por el Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas para entender que no existía causa de nulidad por lo que “no se ha encontrado nada en contra y no se entiende que estemos actuando de forma ilegal”, advirtió el popular Emilio Carreira. El PP en bloque pudo superar este trámite no sin antes invertir cerca de una hora en el debate con el concejal de Caballas, Juan Luis Aróstegui, que no paró de llevarse las manos a la cabeza al entender que se estaba votando un sinsentido debido a la redacción de la propuesta.
Carreira insistió en que el cobro de estos complementos se deriva de la realización de una labor que excede la responsabilidad que tienen estos altos funcionarios. De esta manera se cierra la polémica arrastrada durante meses por los pagos recibidos tanto por la Secretaría General como por Intervención.
El debate en torno a este asunto, provocado por Aróstegui, dejó bien definidas las posturas de los partidos. Así, mientras que el PP insistía en que nadie ha podido detectar irregularidades en este tipo de cobros o indemnizaciones, los de Caballas (que se abstuvieron en la votación) sostenían que, pese a no dudar en torno a su legalidad, sí que debía clarificarse que estos pagos debían hacerse siguiendo los criterios de claridad, transparencia y ser abordados en Mesa Negociadora para evitar caer en una confusión, ya que, de existir, “nos estamos apartando del interés general”, apostilló. Para Caballas esos cobros son legales pero no políticamente correctos y lamentó que el Pleno terminara aprobando, gracias a la “cabezonería” de los populares, un expediente “deficiente técnicamente” ya que lo razonable hubiera sido contar con un informe de la secretaria general. Una apreciación ésta que llevó a que Juan Vivas consultara este extremo a la propia María Dolores Pastilla, quien puntualizó que el procedimiento había sido “correctamente” tramitado.
Aróstegui insistía en sus trece advirtiendo a los presentes de que se trataba de dar luz verde al cobro de “retribuciones, no salario, que se pagan por decisiones adoptadas por el Gobierno sin criterio ni transparencia, algo que no es bueno y que tiene un origen bastante poco acertado... Repetir y repetir lo que está mal no logra que se convierta en algo bueno: este es un modelo equivocado aunque haya informes solventes sobre la legalidad, alrededor de la cual no tenemos dudas”, sentenció, advirtiendo de que se estaba votando “una mentira”.
Carreira situó ese margen de confusión en torno a este asunto en la cabeza del propio Aróstegui, lamentando que se quisiera causar polémica en torno a algo que no lo debería generar per se.
Por su parte el PSOE, que votó en contra, concluyó que se trataba de una irregularidad manifiesta y aprovechó para afear al Gobierno que solo hubiera llevado una propuesta a Pleno y que la misma fuera para “mantener el cobro de unos 7.000 euros anuales a altos funcionarios por un trabajo, asesorar a los Consejos de Administración de las sociedades municipales, que entendemos que ya está entre sus obligaciones”.
Una acusación que hizo que Carreira, transformado en ‘mosca cojonera’ confesa de Jose Antonio Carracao, le reprochara su nula capacidad de fiscalización al Gobierno desde la bancada que le ha tocado ocupar en la oposición.
¿Y qué es lo que realmente se llevó a Pleno?
El único punto que el Gobierno llevó ayer a Pleno se refería al rechazo de la acción de nulidad interpuesta por UGT contra la Base número 39 de los Presupuestos de la Ciudad de 2014. Literalmente se indica que “por la concurrencia efectiva a las reuniones que celebren los Consejos de Administración de las sociedades mercantiles pertenecientes a la Ciudad Autónoma” y al Consejo Rector del Centro Universitario UNED Ceuta, los funcionarios públicos que desempeñen las funciones de Secretaría e Intervención “percibirán, en concepto de indemnización una cantidad por la asistencia a cada uno de ellos que en su cómputo anual no podrá superar los 7.000 euros brutos”.
