Intervención ha remitido un escrito para que los policías de la UIR que fueron condenados por daños morales a un agente de la Policía del Puerto, en sentencia firme dictada por la Audiencia Provincial, devuelvan la fianza que en su día tuvo que poner el Ayuntamiento en su nombre. Entiende el interventor que la Ciudad no tiene por qué hacerse cargo de esas indemnizaciones,
así que el dinero que durante el proceso judicial presentó como fianza le tendrá que ser devuelto. En total son 5.760 euros.
De esta manera se responde a la polémica surgida hace un par de semanas, cuando se supo que la Ciudad había pagado el 64% de la condena impuesta a tres agentes de la UIR al ser considerados por el máximo órgano judicial en la ciudad culpables de los daños morales provocados a un policía del Puerto después de engrilletarlo y llevárselo detenido.
Caballas se interesó en los hechos, toda vez que, tras conocerse varias sentencias condenatorias con policías locales como afectados, la Ciudad había anunciado que no se abonarían esas indemnizaciones. En el caso de marras, la sentencia, cuyo contenido íntegro fue publicado por El Faro, condenaba explícitamente a los policías al pago de 9.000 euros por esos daños morales causados al jefe de servicio de la Policía del Puerto, y no a la Ciudad.
Tal y como ha confirmado la coalición a este medio, el Ayuntamiento en su día depósito esa cantidad (5.760 euros) en concepto de fianza, atendiendo al convenio existente. Al dictarse la sentencia condenatoria, no es que la Ciudad abonara motu propio ese dinero sino que el juez ordenó que esa fianza fuera intervenida. Es ahora cuando, según confirma Caballas, Intervención ha instado a que ese dinero sea devuelto por los afectados a la institución municipal como así ha sucedido con otras sentencias condenatorias.
En el caso de marras, el tribunal de la Audiencia no vio la existencia de delito en el comportamiento de los agentes, pero sí que consideró que tenían que hacer frente a esa indemnización a modo de responsabilidad por su actuación. Pago que deberá ser el correspondiente a los 3.240 euros que aún no han abonado y ese 64% que ha sido ‘adelantado’ por la Ciudad.
En agosto del pasado año la propia consejera de Gobernación, Yolanda Bel, ofrecía una rueda de prensa para intentar frenar la polémica suscitada por la cantidad de condenas que salpicaban a la UIR y cuyas indemnizaciones estaba afrontando la Ciudad con el consiguiente quebranto para las arcas municipales. Bel informó de que se iba a estudiar la puesta en marcha de una norma de rango superior al Reglamento para variar esta situación.
