La Junta de Portavoces abordó ayer la polémica suscitada tras la difusión de la ‘lista fantasma’ con los nombres de los supuestos adjudicatarios de las 317 VPO de Loma Colmenar. Una lista que no ha sido validada por la Ciudad, que no fue difundida por Emvicesa y que, por tanto, carece de fundamento a la hora de otorgar derechos sobre esas viviendas a los que figuraron como agraciados de una lotería aún sin sortear. Este asunto tendrá mucho recorrido. Y lo tendrá no solo en el ámbito político, sino también en el judicial después de que ayer mismo el Gobierno diera traslado al Decanato de los juzgados de la relación de hechos acontecida y ya sabida por todos (llamadas a supuestos adjudicatarios por orden de Antonio López, difusión de una lista ‘vendida’ como oficial cuando no lo era y generación de expectativas sin sentido) para que el órgano judicial estime ahora qué delito puede o no puede haber. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Susana Román, explicó a los periodistas al término de la Junta de Portavoces que se ha dado traslado a todos los grupos con representación en la Asamblea de lo sucedido y de los pasos que se irán dando para aportar el máximo de transparencia posible en esta enrocada adjudicación de las viviendas de protección. “Hemos acordado que en plazo inmediato el director general del Área de Fomento, Emilio Lozano, realice un informe técnico para saber qué es lo que ha ocurrido desde el punto de vista interior, de Emvicesa. Por otra parte, cuando tengamos esa resolución, se dará parte a la Junta de Portavoces para que lo conozcan”, adelantó Román. Asimismo la Ciudad, como ya adelantó su portavoz Jacob Hachuel, ha dado el visto bueno a la creación de una comisión de investigación en la que se aclare todo lo relacionado con las VPO, atendiendo así la petición que hiciera de forma oficial la semana pasada el PSOE. “Vamos a ir viendo las cosas por etapas. Primero ese informe”, apuntó, en referencia al encargado a Lozano, y después el resto. En ese ‘resto’ se incluye constituir la comisión local de la vivienda a la mayor brevedad, después del pleno del 6 de julio en el que se constituyen las distintas juntas generales de las sociedades municipales. “Estableceremos qué procedimiento de adjudicación se va a establecer para la entrega de las viviendas”, apuntó. Y es que Román insistió en que nada hay de válido en lo hasta ahora publicado en torno a los adjudicatarios. De hecho, a pesar de la constitución de plataformas de afectados, los que han salido en la famosa ‘lista fantasma’ carecen de derechos adquiridos sobre los demás. “El Gobierno ha sido transparente, meridiano y lo tiene clarísimo. No ha habido procedimiento de adjudicación, por lo que no ha existido acto administrativo que lo regule. Lo único que ha habido ha sido un listado hecho por no se sabe quién, que ha publicado un medio de comunicación. Las personas que se sientan con derechos ya saben donde los tienen que hacer valer: en el juzgado. Pero a la pregunta de cualquier técnico jurídico en la materia... le dirá que no tienen derechos. ¿A cuántas personas les llaman por teléfono diciendo que han sido agraciados en un sorteo y luego es una estafa?”, comparó. “Esa lista quien la haya hecho a mí, desde luego, no me lo ha dicho. No la conocía a pesar de que en determinadas informaciones se ha dicho que había boletines de luz y de agua. Una cosa es que se haya preparado una promoción para el momento en el que haya una adjudicación por su proceso regulado y pudieran ser adjudicadas de forma inmediata para evitar que, una vez entregadas las llaves, hubiera ocupaciones ilegales y otra muy distinta es conocer la lista de antemano. No sabemos quién ha hecho esto”, insistió Román. “Había listas de cupos”, matizó, una epecie de documentos base hechos por distintas áreas, que en nada se asemejan a la lista final. Por ejemplo, cupos de víctimas de violencia de género o cupos de personas seleccionadas por Asuntos Sociales. “Confío en que lleguemos a saber quién dio esa lista”, contradiciendo las órdenes e instrucciones dadas por el propio Gobierno al respecto. La Ciudad insiste en que las más de 3.000 personas inscritas en el registro de demandantes de una vivienda tendrán el mismo derecho a lograrla.
¿Alguien ha pagado dinero por tener una VPO? ¿Tiene la Ciudad conocimiento de la llegada de personas a las oficinas de Emvicesa para confesar que han pagado dinero por lograr una VPO que al final no se le ha dado? Esa pregunta, que forma parte de la rumorología antigua ya que está en la calle, le fue formulada ayer a la propia Susana Román. Ésta fue tajante al negar que hasta la fecha nadie, con nombre y apellidos, ha acudido a la institución municipal a aportar su versión sobre una operación fraudulenta que implicaría un caso claro de corrupción. “No. Si alguien hubiera venido en primera persona para comunicarnos que ha pagado por una casa, yo mismo le hubiera llevado de la mano a la comisaría o al juzgado”, aseveró Román. La popular confesó haber escuchado rumores, los mismos que cualquier ciudadano en la calle en cuanto a compra de casas previo pago, pero nunca haber tenido pruebas o testimonios directos de que esto se ha producido, para disponer así de pruebas válidas ante un tribunal. “Si una persona viene directamente y me dice que ha pagado, no le quepa duda que voy directo con él al juzgado”, aclaró Román. “Ya me gustaría saber a quién, cómo y por qué”.