Los abogados rechazan la nueva ley y piden la viabilidad de los colegios

Con la nueva ley, a un ciudadano se le podría asignar un letrado de otro punto del país

Los abogados de Ceuta hicieron llegar ayer sus reivindicaciones para que el servicio de asistencia jurídica gratuita se preste “de una forma digna y en las mejores condiciones, tanto por los abogados que lo prestan como para los ajusticiables que lo reciben”, tal y como afirmó ayer en rueda de prensa la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas.
El colectivo se siente preocupado por el futuro de los colegios de abogados con la encomienda de una serie de servicios. Es un peso que aceptan “gustosamente como un compromiso de asistir a las personas sin recursos”, pero “si nos imponen obligaciones y soportar más carga y tramitar más, lo lógico es que se nos remunere”. Aseguran que el coste de mantenimiento no es grande pero que se necesita una cantidad determinada para que los colegios “no quiebren”, algo que si se produjera sería “un grave problema”, máxime en el caso de Ceuta ya que los ciudadanos tendrían que cruzar el Estrecho para solicitar la justicia gratuita. Por ello, piden que se garantice la viabilidad de los colegios debido a su importancia para la ciudadanía.
La portavoz de esta organización explicó que en estos momentos está en vigor la Ley 1/96 de asistencia jurídica gratuita, la primera que en España regularizó de una forma pormenorizada esta asistencia, la tramitación de procedimientos y cómo debían organizarse, encomendando a los colegios de abogados todo el trámite de la organización y la designación de los turnos. Esta Ley está en vigor pero en breve será sustituida por una nueva ley cuyo anteproyecto se encuentra actualmente en trámite parlamentario.
Los abogados han realizado muchas propuestas al Ministerio de Justicia porque, en primer lugar y en el ámbito económico, a los colegios se les “asfixia” con la aplicación de la ley de subvenciones, incluso con recortes en los pagos de gastos de infraestructuras; porque no garantiza para los abogados el cobro de todos los honorarios devengados –en aquellos supuestos en los que se deniega la justicia gratuita, aunque haya terminado de realizar toda su actuación profesional no se les abonan los honorarios–; porque el procedimiento que se quiere establecer para que los cobre es “largo, tortuoso de tasación de costes y porque entendemos que el Estado tiene que garantizarnos esta prestación”.
Para Valriberas, la justicia gratuita “como derecho fundamental de toda persona no puede estar sujeta a los avatares de que haya o no presupuesto. Debe haber un presupuesto y una consignación presupuestaria digna por parte del Ministerio para satisfacer no solamente los gastos que genera el servicio en sí, sino también a los abogados”. Hay baremos que no se actualizan desde 2003, por lo que entienden que “todavía son insuficientes”.
No obstante, las principales quejas que plantean los colegios son en relación al ciudadano, ya que esta ley “no le beneficia para nada”.  Uno de los cambios que podría crear mayores problemas para los ciudadanos es que desaparece la proximidad del abogado –en base a la libre competencia–, es decir, se elimina un requisito que establece que la prestación del servicio está realizada por abogados que son residentes en el territorio donde tiene su sede el colegio “porque tiene que haber una proximidad entre el ciudadano y el abogado que está designado”. Pues bien, la futura ley prohibiría a los colegios establecer en los reglamentos de organización del turno de oficio el requisito de la residencia y del despacho abierto. Así, a un ciudadano ceutí que necesite la asistencia jurídica gratuita le podrían asignar un letrado de la península.
Valriberas explicó que esta ley, tal y como se ha planteado, obliga al ciudadano a realizar una serie de trámites “innecesarios”, como el hecho de que para recurrir una sentencia se le vaya a obligar a que comparezca ante el secretario judicial para manifestar su deseo de recurrir. “Mientras no lo haga en un plazo determinado, el abogado no podrá interponer el recurso de apelación, por ejemplo”, añadió la decana del Colegio ceutí. Este problema lo sufrirán más las personas que estén internas en un centro penitenciario, ya que no podrán hacer esta comparecencia.
Por otra parte, se obliga a todas las personas cuyo trámite dure más de un año, a volver a solicitar el beneficio de justicia gratuita. “Se burocratiza en exceso todo el trámite y también desde el punto de vista de los colegios de abogados, ya que nos generan mucho más trabajo con menos contraprestación económica”, afirmó.  
Con la crisis y las tasas judiciales se han incrementado las solicitudes del turno de oficio civil. Además, hay ciudadanos que rechazan recurrir al no tener dinero para abonar la tasa. Valriberas afirmó que las tasas están encareciendo el precio de la Justicia. “No sé por qué se nos imputa a nosotros la carestía de la Justicia, cuando en realidad la está imponiendo el propio Estado”, manifestó.
Por su parte, el presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de la Ciudad, Néstor García, considera que las reformas que se pretenden llevar a cabo “son perjudiciales para la ciudadanía”, y mostró su “total oposición a los recortes y reformas”. Por ello, este colectivo pretende informar a la población para tratar de conseguir “frenar” el proyecto.
Entre los aspectos criticados por García está que se va a bajar el umbral económico para acceder a la justicia gratuita y que se va a tener en cuenta para las personas que forman parte de una unidad familiar, cuál es la situación económica y patrimonial de todos los miembros. “Se pueden dar situaciones muy complejas como que puedas tener patrimonio, como vivienda o vehículo, y que los miembros de la familia hayan perdido el trabajo y no generen ingresos, de tal manera que tienen patrimonio pero no pueden acceder a la justicia gratuita y no tienen dinero para poder contratar a un abogado”, explicó. Otro de los “ataques” que criticó es la “pretendida privatización del Registro Civil”, que hará que trámites que hoy son gratuitos tengan un coste.

La sede del Colegio, abierta para informar a los ciudadanos

El Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta, a través de su Junta de Gobierno, en conjunto con la Agrupación de Jóvenes Abogados de esta ciudad autónoma, desarrollaron ayer una serie de actos con motivo de la conmemoración, hoy, del Día de la Justicia Gratuita. De esta manera el Colegio, al igual que todos los días, estuvo abierto toda la jornada para que los ciudadanos pudieran conocer cómo se organizan los turnos, cuántos abogados los componen, y los derechos y obligaciones del solicitante de justicia gratuita. También pudieron acceder a trípticos informativos. Además, el cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) de hoy está dedicado al Día de la Asistencia Jurídica Gratuita.

La abogacía tiene prevista una concentración en Madrid para el 24

La abogacía tiene prevista una concentración reivindicativa en Madrid para el próximo día 24. Hasta la capital del país se desplazarán todos los miembros de la Junta de Gobierno que en ese momento estén disponibles junto con las agrupaciones de abogados jóvenes. También se podrían suspender actuaciones del turno de oficio, garantizándose siempre los derechos de las víctimas y las personas detenidas, los días 30 de julio y 10 de septiembre “si el Ministerio no reconsidera las propuestas de la abogacía”. Al inicio de la rueda de prensa de ayer, Valriberas leyó el manifiesto a través del que los abogados defienden que el acceso a la Justicia “es un derecho fundamental de toda persona” y que la nueva ley “debe facilitar la proximidad entre el abogado y el beneficiario de la justicia gratuita”.