Perdemos el tiempo. Esta es la sensación que queda tras la semana en la que “Podemos” se retrató, una vez más, como lo que son. No se le pueden pedir peras al olmo, ni respetos ni dignidades a quienes tienen serias dificultades para respetarse y darse dignidad a sí mismos. Lo importante de estos últimos días no es que Rita Barberá comprobase directamente lo que anunciaba San Pablo: “La misericordia se ríe del juicio”; en este país somos muy dados a practicar la tanato-mitología, y hemos perdido de vista que esta mujer ha venido arrostrando inelegantemente, con fatal desenlace, un proceso que se podría haber evitado, desde el origen y causa del mismo, hasta el esperpento lacrimoso que resulta para muchos abandonar la política, y todas sus prebendas, cuando toca hacerlo.
Lo que ahora importa no es buscar culpables en las “penas de telediario”, ni en la irresponsable crispación social que los fundamentalistas practican a diario, ni en la exclusión que hicieron con ella en su propio partido.
Ahora toca trabajar para evitar que esto ocurra. Elaborar un nuevo entramado jurídico mucho más ágil y severo contra las causas de corrupción que no sólo persiga y condene a corruptos, sino también a los inductores y colaboradores necesarios, dotar de medios suficientes a un sistema policial y judicial específico, disminuir significativamente el número de aforados, y ejemplarizar a la hora de abandonar la política con la misma alegría que algunos entran, son algunas medidas que debería abordar el Gobierno con la misma celeridad que afronta el recorte de cinco mil millones en los PGE del 2017, que tan solo son un tercio de los planes FEIL de Zapatero, gastados fundamentalmente, en carriles bicis por toda España.
Respetar a una persona cuando han finalizado sus días no se hace tan sólo con un minuto de silencio.
Merece mucho más: la oración pública y personal de creyentes, o los deseos de buen viaje de los agnósticos.
Pero la mejor manera con la que el Congreso y Senado pueden homenajear a una persona que ha dedicado toda su vida al servicio público, con errores y aciertos, como en la vida de todos, es seguir trabajando para evitar que los recortes presupuestarios que vienen, vuelvan a recaer sobre el común de los ciudadanos.
Las estimaciones del coste de la corrupción se cifran en 48.000 millones de euros según la CNMC, de esa cantidad, las causas que se encuentran ahora en el juzgado abarcan 7.500 millones de euros.
Causas en las que se encuentran inmersos todos los partido, también “Podemos” y sus sucursales. Los datos cantan, y todo apunta a que el mayor esfuerzo presupuestario que se debe hacer es en combatir esto, y ya con ello, vendrán ciertas licencias presupuestarias para no tener que fastidiar más al españolito de a pie. Esto es lo que de verdad importa.