Desde este comentario editorial hemos criticado en varias ocasiones la postura intransigente que ha defendido siempre el Ministerio de Defensa en las negociaciones que ha mantenido tradicionalmente con la Ciudad Autónoma para la cesión de terrenos y en todo caso para llegar a acuerdos puntuales. En ninguno de esos momentos para el departamento ministerial y poco ha importado que gobierne el PP o el PSOE, los intereses generales de los ceutíes no han prevalecido para ellos, sino únicamente el de las Fuerzas Armadas. Pero hay veces que las cosas pasan de castaño oscuro como lo denunciando en la jornada de ayer en el pleno de la Asamblea. Un acuartelamiento que desde el año 1990 está siendo solicitado por la Autoridad Portuaria para que lo devuelvan, simplemente, porque les caducó su concesión, resulta que lo retienen de manera numantina. Existe hasta un informe de la Abogacía del Estado, donde se deja bien claro que están incumpliendo. Y parece verdaderamente deleznable que un sector de la administración sepa, a ciencia cierta, que está fuera de la ley porque así se lo dice hasta el abogado del Estado y continúen mirando hacia otro lado. Parece que todavía algunos no entienden que los privilegios se acabaron hace mucho tiempo.
