Listados ilícitos, compromisos ilegales y entregas ‘a dedo’

• El ‘caso Emvicesa’ pone en evidencia las promociones de Loma Colmenar así como las irregularidades en los listados derivados de asuntos sociales

El ‘caso Emvicesa’ y las conclusiones derivadas de la operación ‘Ghost’ ponen en evidencia una práctica política que desvirtuó la debida transparencia en el procedimiento de adjudicación de las viviendas hasta el punto de convertirlo en un auténtico negocio para unos pocos. Eso es lo que se presume de las investigaciones abiertas después de que la Ciudad presentara denuncia en 2015 tras la publicación de la ‘lista fantasma’ y el cese de Antonio López en su cargo. Una decisión, esta última, que vino motivada por las informaciones trasladadas por gente afín al equipo de Vivas sobre supuestas peticiones de 3.000 euros por adjudicar casas. Al despacho del presidente llegaron asesores trasladándoles informaciones policiales que apuntaban a esa práctica. El famoso ‘runrún’, el cotilleo de toda la vida en Ceuta, la rumorología... pero que en esta ocasión llevó a una destitución rápida y al inicio de un caso que ha terminado por fulminar y poner en el disparadero la política en materia de vivienda desde, al menos, el año 2013, con la promoción de las famosas casas del ruido, las situadas al lado del Hospital Universitario.

El reglamento de adjudicaciones de vivienda nunca se cumplía en cuanto al procedimiento de selección y adjudicación. La baremación era irregular, dándose casos de inclusión en las listas de personas a las que se asignaron puntos que no debían recibir. No constan datos en los archivos de servicios sociales sobre las personas a las que les entregaron viviendas de las 170 de Loma Colmenar, tampoco ha aparecido el listado de personas supuestamente necesitadas... Sin ser una promoción denunciada, la investigación desarrollada ya califica el procedimiento que hubo tras la misma de “ilícito” en su totalidad. Siendo este un modelo que se iba a extrapolar a las 317, de no haberse suscitado el escándalo.

Los indicios racionales de la comisión de delitos se recogen en la instrucción de este caso que viene a dibujar la pirámide de roles que nutría la supuesta agencia comercial delictiva existente tras esta trama: con un jefe, unos intermediarios, unos clientes, comerciales y colaboradores. Todos ellos operando, presuntamente, gracias a una Comisión Local de la Vivienda capaz de aprobar procedimientos sin tan siquiera ejercer la fiscalización debida.

En la promoción de las 170 el dato es demoledor. No se cumplió el reglamento, se vulneró el principio de igualdad y transparencia debida, no existe el decreto que regula la existencia de personas afectadas por circunstancias singulares que tuvieran derecho a una casa, tampoco hubo publicidad ni baremo de demandantes, hasta el punto de concluirse que el reparto de las casas fue arbitrario, una especie de entrega a dedo. Tal es la falta de rigor que, según aprecia el juzgado y la Policía, hubo entrega de llaves y firma de contratos antes de la reunión de la Comisión Local de la Vivienda que debía validar la relación de adjudicatarios y revisar, por ejemplo, los famosos compromisos.

Compromisos resumidos en documentos con la firma de Antonio López que no constan en listas oficiales y que por lo tanto debían tenerse en cuenta como documentos no válidos. Pero si nadie comprobaba las listas, al final esa supuesta trama podía funcionar porque existía una prevaricación administrativa previa. En el juzgado tienen constancia además de la aparición de un documento manipulado que fue depositado en el despacho de la gerente de Emvicesa en su ausencia, con añadidos y falsificaciones.

En esta investigación se ha intentado sacar a la luz esa supuesta organización que funcionaría desde hacía años y que presentaba como ‘aval’ ante los pagadores el hecho de que finalmente estos eran incluidos en las listas. Una especie de ‘si pagas, te toca’ que topó con la decisión de parar y frenar la promoción de las 317 a pesar de que ya se había llamado a unas cien personas para que firmaran contratos y recogieran llaves, aun cuando la propia Susana Román había dado orden de que nada se hiciera. Los empleados de Emvicesa detenidos tendrían sumisión absoluta a López, por eso acataron sus órdenes y no las de Román, manifestando que desconocían que el primero hubiera sido cesado a pesar de que inmediatamente se difundió la noticia en redes sociales.

La conexión de los pagos de esos ‘clientes’ con su aparición en la lista fantasma es una prueba de que iba a seguir funcionando el sistema, así como las intervenciones telefónicas registradas por la Policía de pagadores que exigían a los intermediarios y éstos a López la devolución de su dinero.

MDyC pide investigar la lista de las 317 por incumplimientos

El MDyC ha denunciado el incumplimiento de las bases para la selección de adjudicatarios para la promoción de las 317 en régimen de arrendamiento en Loma Colmenar, que fueron publicadas en el Boletín de la Ciudad el 20 de julio de 2015. Unas irregularidades que afectarían a casi el 10% de los adjudicatarios. Unos treinta no cumplen con la primera de las bases de dicha convocatoria, en las que se exigía, entre otras circunstancias, que el solicitante debía estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda de la ciudad con una antigüedad mínima de tres meses. “Las prisas con las que actuó el desgobierno intentaban ocultar la nefasta gestión”, expone. “Los expedientes”, añade, “siguen sin informatizarse, hemos comprobado que algunos no coinciden DNI con el nombre del solicitante de la vivienda; o como siempre, expedientes que no aparecen por ningún lado, debe tenerlos el gerente. Tampoco está firmado ni uno solo de los 317 contratos de alquiler de las viviendas que acabaron de entregarse hace seis meses y nadie ha sido capaz de explicarnos la causa por la que no se ha hecho”. La formación de Fatima Hamed exige responsabilidades al presidente de la Ciudad de lo sucedido y advierte que pedirá una comisión de investigación.