El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho pública una notificación correspondiente a la Delegación del Gobierno en la Ciudad de Ceuta sobre diversos procedimientos sancionadores.
De acuerdo con la información trasladada por parte de la institución de la Plaza de los Reyes la publicación oficial se lleva a cabo tras haber resultado infructuosos los intentos de notificación en los domicilios conocidos de los interesados.
De esta manera, se está dando cumpliendo con lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
Sobre los expedientes afectados, en el documento publicado en el Boletín Oficial del Estado se puede leer que estos corresponden tanto a los años 2025 como 2026 y que están vinculados en su mayoría a resoluciones en el marco de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana.
Los interesados pueden PINCHAR AQUÍ para tener acceso al documento completo publicado en el BOE.
Tomando en consideración que el acto no se publica en su integridad por razones de privacidad, los ciudadanos que figuren en los listados, teniendo en cuenta el número identificador, tienen un plazo de diez días naturales para consultar el contenido íntegro de su expediente.
Quienes aparezcan en este listado tienen dos formas para poder llevar a cabo esta gestión. En primer lugar, pueden dirigirse a las dependencias de la Delegación del Gobierno en Ceuta, situadas en la calle Beatriz de Silva nº 4. El horario de atención es de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, siendo necesario el contacto previo con la oficina.
No obstante, también pueden recurrir a la vía electrónica, a través de la sede electrónica de la Administración, accediendo al apartado "Mis Expedientes" mediante certificado digital, DNI-e o el sistema Clave.
El firmante de la notificación, el secretario general, Ismael Kasrou Contioso, señala que si los interesados no se personan o acceden al expediente en el plazo máximo de diez días naturales tras la publicación en el BOE, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales, continuando así el curso del procedimiento administrativo.
Esta medida garantiza que los administrados tengan una última oportunidad de conocer sus sanciones y ejercer su derecho de defensa ante la administración pública.
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