Lo que no empieza bien es muy difícil que pueda acabar bien. Y es simplemente lo que sucede con esa relación contractual entre la empresa Trace y la Ciudad Autónoma de Ceuta. Lo que empezó mal con un pliego de condiciones que presentaba tres millones de euros menos todos los años, dado que se redactó en época de crisis, ya obligó a una esfuerzo desde el primer minuto por parte de Trace. Unos empresarios ceutíes que quizás no fueron bien aconsejados en su momento y que luego se han visto atrapados en un laberinto del que quieren salir pero no saben como.
Esa deficiencia inicial de un pliego de condiciones ya hizo que ninguna de las empresas del sector decidiera acudir porque no lo venían claro. De todas maneras, se intentó un esfuerzo por parte de la Ciudad, de manera que incrementó en un 10% ese contrato, el máximo que permita la legislación, pero tampoco ha sido suficiente para que todas las partes estén satisfechas.
Mientras que la Ciudad viene afirmando desde hace varios años que Ceuta no se encuentra limpia, al igual que lo estaba en épocas anteriores, por parte de la empresa se manifiesta que no se dan las circunstancias idóneas para que se cumplan los objetivos marcados en el propio pliego.
En esa relación entre Gobierno y empresa nos hemos encontrado con detracciones por parte de la Ciudad por un valor de cinco millones de euros. Junto a ello se produce una situación a comienzos de este mes, donde le debían tres certificaciones por un valor parecido: otros cinco millones de euros. Desde la misma empresa se llegó a decir que la propia póliza de crédito no les permitía más descubierto.
De ahí, que por parte de la Ciudad, deprisa y corriendo, se tuvo que firmar una certificación el mismo lunes, la correspondiente al mes de abril para que pudieran cobrar los trabajadores. Ahora hace falta que mayo y junio también se aligere lo máximo posible.
Hay una realidad muy clara: la Ciudad no está contenta con el trabajo que está realizando la empresa Trace y Trace en el fondo con la situación que se plantea también estaría dispuesta a romper su contrato con el Ayuntamiento. Todavía quedan cuatro años de contrato que unen a ambas partes y la jugada del Consejo de Estado que algunos esperaban como agua de mayo no ha servido para aligerar este divorcio.
A coste cero
El Gobierno, a través de su consejera Kissy Chandiramani, vino a decir esta semana de manera clara que quieren conseguir ese contrato a coste cero. Por supuesto, tampoco sería lógico que una empresa ceutí que forma parte de un conglomerado que da muchos puestos de trabajo en nuestra ciudad tengan que salir de esa forma de este trago, aunque estimo que tampoco se lo pondrán tan fácil. Por supuesto, lo ideal es romper el vínculo porque las dos partes lo quieren y que se haga con el menor daño posible para la institución y para la empresa. Lo que no se puede es aplazar aún más que las dos partes se sienten en una mesa de negociaciones y que intenten buscar una solución, ya que al final quien termina perjudicado con todo ello resulta que es el ciudadano de Ceuta.
