Residentes del Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes de Ceuta denuncian las dificultades que tienen para hacer gestiones administrativas y bancarias en la ciudad, después de que la Policía les retira el pasaporte, su único medio de identificación en nuestro país. Explican como una vez que llegan a Ceuta, la Policía Nacional les decomisa el documento de identidad, como medida cautelar para evitar su destrucción, otorgándoles una fotocopia compulsada sellada y un documento grapado, que expone un acuerdo de retirada de documentación, en donde se explican los motivos de la retirada del pasaporte y que, a efectos legales, debería tener la misma validez que el pasaporte. Sin embargo la realidad es muy diferente y estos residentes del CETI lo han podido comprobar, sobre todo, a la hora de retirar dinero mediante las compañías que se dedican a los envíos de divisas desde el extranjero a través del servicio postal, las cuales no aceptan la documentación que les entrega la Policía, sino que exigen la presentación del pasaporte. “Nos quitan los pasaportes la Policía Nacional y no podemos hacer nada aquí en Ceuta. Ni sacar dinero ni hacer trámites. El papel que nos dan no nos sirve de nada, la fotocopia sella”, explica uno de ellos, que pese a contar con un permiso de conducir expedido en España, tampoco le sirve como una documentación oficial. Debido a este problema, los extranjeros no pueden retirar el dinero que les envían sus familias para subsistir en España, ya que se trata de los únicos ingresos que tienen mientras se resuelve su situación en el país. La mayoría de ellos han solicitado el asilo, pero hasta que le dan la primera cita para exponer su caso, pasan entre cinco y seis meses.
Según explica el abogado de uno de ellos, tal y como llegan a España se les aplica la Ley Orgánica de Extranjería; la retirada del pasaporte que efectúa la Policía Nacional está incluida en esta ley como una medida cautelar, para garantizar la devolución del extranjero que en esos momentos está sometido a un expediente de devolución o expulsión. Tal y como se refleja en la documentación que se les entrega en este acuerdo de retirada de la documentación, se trata de una gestión previa al trámite de expulsión del país. No obstante, el extranjero que llega tiene derecho a solicitar asilo, sin embargo, mientras se resuelve dicha situación, la ley contempla la retirada del documento para “asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, y ante la posibilidad que el expeditado pudiera sustraer a la ejecución de la misma mediante la ocultación o destrucción del pasaporte”. Este acuerdo que les entrega la Policía junto con la fotocopia compulsada del pasaporte debería facilitar cualquier tipo de gestión, como si de un pasaporte se tratase, ya que, tal y como explica el abogado, no se pueden vulnerar los derechos de los extranjeros en suelo español. Por parte de los extranjeros, siguen sin entender por qué les retiran el pasaporte y les entregan una documentación que luego no les sirve, opinando que esa autoridad sólo la debería tener el Gobierno argelino, en el caso de ellos.
Por parte de la defensa de uno de estos residentes, en un principio se alegó que había otra norma posterior, de 2015, que entendían que podía entrar en conflicto con la Ley de Extranjería, sin embargo, la respuesta dada por la Policía es que la ley de 2015 es ordinaria y la de Extranjería, al ser orgánica, es de rango superior, por lo que no habría colisión en el sentido jurídico. “Yo estoy pendiente de terminar de estudiar si existe algún tipo de jurisprudencia y todavía no se ha llegado a una conclusión distinta a la que la Policía nos argumentó”, explica el abogado. Mientras estudian el caso, lo que sí aclara el letrado es que la documentación que les otorga la Policía debía ser igual de válida que un pasaporte, por lo que las empresas de envío de dinero a través del servicio postal deberían aceptarlo y entregarles los envíos de dinero que van a su nombre. De no hacerlo, se puede denunciar ante el Banco de España que no se está aceptando una documentación oficial que debe tener la misma validez que un pasaporte. Por este motivo, uno de los afectados no ha dudado en denunciar el caso ante la Policía, expresando la negativa de este tipo de compañías a la hora de solicitar el dinero que sus familiares les enviaron para poder mantenerse.