El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha decretado la libertad provisional para dos de los cuatro hombres encarcelados por su presunta implicación en el asesinato de dos guardias civiles, que perdieron la vida tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate el pasado febrero de 2024. Un suceso que generó gran impacto en toda España y también en Ceuta.
La decisión judicial llega después de que ambos investigados, detenidos en noviembre de 2024, abonaran sendas fianzas de 10.000 y 15.000 euros, respectivamente, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Las defensas de estos acusados, que supuestamente formaban parte de la tripulación que acompañaba al piloto de la narcolancha, habían solicitado su puesta en libertad provisional, solicitud que fue aceptada por el juez tras no oponerse la Fiscalía.
El auto judicial que establece la libertad de los dos investigados fue firmado el pasado 4 de julio, pero no fue hasta el miércoles 9 de julio cuando se hizo efectiva, tras el pago de las fianzas impuestas. Pese a haber recuperado la libertad, ambos deberán cumplir una serie de medidas cautelares, entre las que se incluyen:
La prohibición de salir del territorio nacional
La retirada del pasaporte
La obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado
Mientras tanto, el juez ha rechazado la solicitud de libertad provisional para un tercer investigado, detenido en mayo de 2025. Esta persona, también presuntamente a bordo de la embarcación en el momento del suceso, continuará en prisión preventiva mientras se desarrollan las diligencias judiciales.
La investigación continúa centrada en esclarecer todas las circunstancias del trágico suceso ocurrido el 9 de febrero de 2024, cuando una narcolancha embistió de forma violenta una embarcación del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, causando la muerte de dos agentes.
El piloto de la narcolancha, el ciudadano marroquí Karim El Baqqali, fue detenido el 19 de septiembre de 2024 y permanece en prisión como presunto autor material del doble homicidio. Posteriormente, fueron arrestados otros dos tripulantes en noviembre del mismo año y un cuarto implicado fue capturado en mayo de 2025.
Este suceso provocó una fuerte conmoción social y una oleada de condenas por parte de las instituciones. Además, reavivó el debate sobre la seguridad en el litoral gaditano y la peligrosidad del narcotráfico en la zona del Estrecho, donde las narcolanchas operan con creciente agresividad.
El proceso judicial continúa su curso, y la calificación definitiva de los hechos, así como las posibles penas, se determinarán conforme avancen las diligencias. Mientras tanto, dos de los cuatro acusados ya se encuentran en libertad, aunque bajo la vigilancia del sistema judicial.
La asociación profesional de guardias civiles Jucil, mayoritaria en el Instituto Armado, ha expresado su rechazo a la puesta en libertad provisional de dos de los tripulantes de la narcolancha que embistió a la Guardia Civil en Barbate, causando la muerte de dos agentes.
En un comunicado, su secretario general, Ernesto Vilariño, consideró que esta decisión podría enviar un mensaje de impunidad peligroso, sobre todo en una zona tan afectada por el narcotráfico como el Campo de Gibraltar. Jucil recordó que todas las acusaciones personadas se opusieron a la excarcelación, que fue aprobada tras no oponerse la Fiscalía.
La asociación, que ejerce la acusación popular y particular en el caso, aseguró que esta medida había causado “profundo dolor” en el cuerpo y en las familias de los fallecidos. Además, alertó sobre el riesgo de que se repitan tragedias similares si no se mantiene una política firme contra el narcotráfico, criticando nuevamente la desaparición del OCON-SUR, unidad clave en la lucha contra las redes criminales en la zona.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) mostró su rechazo a la solicitud de libertad provisional presentada por las defensas de los tres investigados que tripulaban la narcolancha que arrolló mortalmente a dos agentes en Barbate, el pasado febrero de 2024.
La asociación, personada como acusación particular en la causa, argumentó que la gravedad de los delitos —dos asesinatos y cuatro tentativas— y el riesgo de fuga, especialmente en el caso de uno de los detenidos con domicilio en Ceuta, justificaban mantener la prisión provisional.
También consideró que las fianzas fijadas, de 10.000 y 15.000 euros, eran insuficientes para garantizar la comparecencia judicial, y solicitó que se elevara la cuantía a 30.000 euros por acusado, al estar presuntamente vinculados a redes de narcotráfico.
Además, AUGC recordó que aún estaba pendiente un informe pericial de navegación que debía esclarecer el grado de participación de los acusados en los hechos, por lo que consideró prematuro cualquier paso que pudiera alterar el curso del procedimiento judicial.
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