Menos alumnos por clase y profesores y maestros con menos carga lectiva en Ceuta y Melilla marcarán el inicio de una nueva etapa en la educación tras la aprobación por parte del Gobierno del proyecto de ley que reduce la jornada docente y las ratios.
La medida que reduce la jornada docente y las ratios busca mejorar la calidad de la enseñanza, garantizar la equidad territorial y reforzar la atención individualizada en todas las etapas educativas.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde, en segunda vuelta y a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a esta reforma que modifica la Ley 4/2019. El texto será ahora remitido al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria, paso previo a su aprobación definitiva.
Uno de los ejes centrales de la norma que baja la jornada docente y las ratios es, precisamente, acabar con las aulas masificadas.
En concreto, se establece un máximo de 22 alumnos por clase en Educación Primaria, frente a los 25 actuales, y de 25 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en lugar de los 30 vigentes hasta ahora.
Además, en los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales computará como dos plazas, favoreciendo así una mayor inclusión.
Este cambio pretende corregir las desigualdades entre comunidades autónomas, ya que no todas aplicaron las recomendaciones fijadas en 2019, y garantizar unas condiciones homogéneas en todo el territorio nacional.
En paralelo, la ley fija un límite claro para la jornada docente y las ratios, y por tanto lectiva, del profesorado. Se establece un máximo de 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 horas en el resto de enseñanzas.
De forma excepcional, se podrá alcanzar un máximo de 20 horas en estas últimas, compensadas con horas complementarias.
La ministra ha subrayado que esta medida permitirá al profesorado disponer de más tiempo para preparar sus clases, atender al alumnado y desarrollar su labor en mejores condiciones, lo que repercutirá directamente en la calidad educativa.
El Gobierno defiende que esta reforma responde a una “convicción profunda”: mejorar las condiciones del profesorado es clave para mejorar el sistema educativo. La reducción de ratios y de carga lectiva permitirá una atención más personalizada y un entorno de aprendizaje más eficaz.
Asimismo, el proyecto refuerza la inclusión educativa, el bienestar docente y la cohesión del sistema, respetando al mismo tiempo las competencias de las comunidades autónomas.
Las medidas se implantarán de forma progresiva desde la entrada en vigor de la ley, con el objetivo de que estén plenamente desarrolladas en el curso 2031-2032. Este calendario permitirá adaptar los recursos y garantizar una transición ordenada en los centros educativos.
La iniciativa es fruto del diálogo con la comunidad educativa y cuenta con el respaldo del Consejo Escolar del Estado, que emitió un dictamen favorable. Desde el Ejecutivo insisten en que no se trata de una decisión unilateral, sino de un avance consensuado.
El siguiente paso será el debate parlamentario en el Congreso, donde el Gobierno confía en lograr el apoyo necesario para su aprobación definitiva.
Paralelamente, el Ministerio continúa trabajando en otras líneas estratégicas como la mejora de la formación docente, los sistemas de acceso a la función pública y la reducción de la carga burocrática mediante herramientas de inteligencia artificial.
Con esta reforma, el Ejecutivo sitúa al profesorado en el centro del sistema educativo, destacando su papel como pilar fundamental para el presente y el futuro del país.
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