EFE
La Ley de Desperdicio Alimentario comienza a aplicarse de forma obligatoria en Ceuta desde este viernes, una vez finalizado el periodo de moratoria de 12 meses que siguió a su aprobación hace un año.
A partir de ahora, su cumplimiento será exigible para los distintos agentes de la cadena alimentaria, según la normativa de desperdicio alimentario.
Entre las principales novedades la Ley de Desperdicio Alimentario, se establece que los establecimientos con una superficie superior a 1.300 metros cuadrados deben implantar una jerarquía de prioridades en la gestión de sus excedentes. El objetivo es claro: favorecer, en primer lugar, que los productos no vendidos se transformen en otros aptos para el consumo humano.
En el ámbito de la hostelería, la normativa de desperdicio alimentario refuerza prácticas que ya se venían aplicando, como el ajuste de compras –especialmente en productos perecederos– o el aprovechamiento de excedentes para la elaboración de nuevos platos.
También se consolida la implicación de los clientes, cada vez más habituados a solicitar recipientes para llevarse la comida no consumida.
De hecho, la ley obliga a bares y restaurantes a ofrecer esta posibilidad sin coste adicional y a informar de ello de manera clara y visible, preferiblemente en cartas o menús.
En el caso de los supermercados, la aplicación de la norma de desperdicio alimentario pasa por un mayor control en la gestión del stock, ajustando tanto la cantidad de productos expuestos como la frecuencia de reposición para reducir al mínimo los excedentes.
Cuando los alimentos no puedan destinarse al consumo humano y estén próximos a su fecha de caducidad, la normativa establece su donación como siguiente paso. Estos productos se canalizan hacia entidades sociales y bancos de alimentos, que en 2024 distribuyeron más de 115.000 toneladas de comida en España.
Actualmente, el país cuenta con decenas de bancos de alimentos que atienden a más de un millón de personas a través de miles de organizaciones benéficas, mientras que decenas de miles de familias se benefician directamente de este tipo de iniciativas.
La Ley de Desperdicio Alimentario fija además un orden claro en el destino de los excedentes. Tras priorizar el consumo humano, contempla su uso para alimentación animal o la producción de piensos. En un tercer nivel, se prevé su aprovechamiento como subproductos en otras industrias, como ocurre con ciertos residuos orgánicos utilizados en cosmética. Por último, se recurre al reciclaje o a la generación de compost.
El objetivo global de la normativa es ambicioso: reducir para 2030, en comparación con 2020, un 50 % el desperdicio alimentario por persona en hogares y comercio minorista, y un 20 % en las cadenas de producción. Los establecimientos de menor tamaño quedan exentos de elaborar planes específicos, aunque sí deben adoptar medidas para disminuir el desperdicio.
Pese a ello, el mayor volumen de alimentos desperdiciados sigue produciéndose en los hogares. En 2024, se tiraron en España más de 1.125 millones de kilos de comida, de los cuales el 97,5 % procedía de los domicilios.
Además, una gran parte de estos productos se desechan sin haber sido utilizados: cerca del 78 % del total. La fruta encabeza la lista de alimentos más desperdiciados, seguida por verduras y hortalizas, que en conjunto representan casi la mitad de los productos tirados.
Por su parte, el desperdicio fuera del hogar tiene un peso mucho menor, con apenas un 2,5 % del total, lo que equivale a unos 28 millones de kilos o litros en 2024, una cifra que además ha descendido respecto al año anterior.
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