El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha avanzado que la futura Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado prevé que los
funcionarios de
prisiones tengan la consideración de agentes de la autoridad, así como crear nuevas figuras laborales como la de agentes de libertad condicional.
José María Raya, portavoz de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones en Ceuta (APFP), demandó recientemente tal reconocimiento para esta categoría profesional. Durante su intervención en la inauguración de las Jornadas de Trabajo de directores de centros penitenciarios que tendrán lugar durante tres días en la ciudad de Cuenca, Marlaska ha asegurado además que los trabajos están orientados a poder sacar adelante esa normativa antes de que finalice esta legislatura. "Trabajamos para consensuar un texto integrador que ponga fin a la dispersión normativa y modernice la estructura corporativa penitenciaria regulada por dos leyes preconstitucionales", ha señalado Marlaska, quien ha mostrado su deseo de que el texto "se ajuste a la realidad actual y recoja las peculiaridades propias y exclusivas del personal funcionario penitenciario que no están adecuadas a la legislación aplicable a todos los colectivos funcionarios". Con todo, esta norma incluirá, además del reconocimiento como agente de la autoridad de los funcionarios, un refuerzo de la protección penal de los trabajadores, el reconocimiento de asistencia jurídica y la creación de "puestos de trabajo inexistentes pero imprescindibles en cuanto a medidas penales no privativas de libertad", como agentes de libertad condicional y vigilada.
Buen balance de la batalla contra el covid
Marlaska ha recordado la irrupción del
COVID-19 en marzo del año pasado, cuando se generó "un estado de alarma" en los centros penitenciarios, centros cerrados que se arriesgaban a una mayor propagación que en la calle. Este lunes, ha dicho, se puede hacer una balance satisfactorio "gracias al trabajo realizado por todos los profesionales y gracias al comportamiento paciente de los internos y sus familias". Gracias a este trabajo, el impacto en los centros penitenciarios "ha sido cuatro veces inferior al que ha tenido en la población general", según sus datos, un balance "reconocido incluso por el Defensor del Pueblo" y por centros latinoamericanos que han pedido ayuda a España en este sentido.