Los letrados de la Administración de Justicia siguen con su huelga, manteniendo el pulso a un Gobierno al que acusan de ignorar “el grave perjuicio” generado. Pasan los meses y el bloqueo es mayor, también sucede en Ceuta con escasas notificaciones y cuantiosos pagos retenidos. Los daños que se están produciendo son importantes y parece no haber solución a este problema.
Este jueves, 1.500 LAJ se manifestaron en Madrid para exigir al Ministerio de Justicia la reanudación de las negociaciones, después de mantenerse un seguimiento de la huelga del 75% en todo el territorio nacional.
“El Ministerio de Justicia sigue sin convocar al Comité de Huelga para negociar una salida justa a este conflicto, desatendiendo por completo sus responsabilidades como gobierno respecto de un servicio público esencial para los ciudadanos como lo es la Administración de Justicia”, denuncian en un comunicado.
“En las últimas horas han seguido propagando la falsedad de que están esperando nuestra contestación a su oferta, cuando esa se remitió el pasado día 3 de marzo a las 10:15 horas. Otra vez más, la única respuesta del Ministerio de Justicia es dejar pasar el tiempo esperando el agotamiento de los letrados. Ante la ausencia de la ministra de Justicia, es el Gobierno de España quien tiene que resolver este conflicto”, exponen.
En Ceuta, al igual que en el resto del país, los daños van a más y solo se están resolviendo los asuntos urgentes o las causas con presos. Sigue haciéndose lo justo hasta que por parte del Ministerio no haya una negociación para resolver este conflicto.
“Es falso que se nos haya subido el sueldo un 14 o un 15 por ciento”, critican
“La sociedad española, a estas alturas, no tiene ninguna duda de que el Gobierno adquirió unos compromisos con las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia, puesto que así lo reconoce el propio ministerio de Justicia en un dossier oficial en el culpabiliza a Hacienda del incumplimiento producido.
No contento con ello, en un alarde de irresponsabilidad, intenta enfrentar a los LAJ con la opinión pública, con hechos que no se corresponden con la realidad”, critican.
“Es absolutamente falso que a los Letrados de la Administración de Justicia se les haya subido el salario un 14 o un 15 por ciento, como afirma el Ministerio de Justicia; a los LAJ en noviembre de 2021 se acordó por el Ministerio con los sindicatos una subida salarial de 195 euros (10 euros más que a los Gestores Procesales).
Esta subida actualizada al IPC de 2022 es de 204 euros, lo cual supone entre el 4,08 y el 6,12 por ciento del sueldo. Cualquier otra subida que reciban los LAJ es la misma subida que percibe el propio Secretario de Estado de Justicia y, por lo tanto, no es imputable a la adecuación Salarial”, exponen.
“Los usuarios del servicio público de la Administración de Justicia están siendo utilizados como rehenes de la guerra personal de este señor, y la situación seguirá deteriorándose mientras desde la Presidencia del Gobierno se siga tolerando esta situación”, concluyen.
DIFUNDIR REALIDAD
En relación con el desarrollo de la huelga y las funciones de cada uno de los Cuerpos que prestan servicio en los Juzgados y Tribunales, si algo está quedando acreditado es que el reparto funcional en los Órganos Judiciales no responde a las necesidades de una administración moderna.
Quien conoce el día a día de los juzgados, sabe perfectamente que muchas de las funciones que corresponden al Cuerpo de Letrados, en la práctica diaria, son delegadas y/o ejecutadas materialmente a y por los cuerpos generales de la Administración de Justicia (Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial), sin ningún tipo de reconocimiento.
Esta realidad deja en evidencia la existencia de una disfunción clara entre la realidad y la legalidad.
Son los Colegios profesionales de Abogados y Procuradores los que han puesto, como se dice, "el dedo en la llaga", al señalar su estupor porque un juicio se suspenda por la sola razón de que el LAJ está ausente (de huelga), cuando desde el año 2009, a petición propia, los LAJ (entonces Secretarios Judiciales) fueron relevados de la obligación de entrar en sala, junto con los jueces y los funcionarios del Cuerpo de Auxilio judicial y con la finalidad, entre otras, de que tuvieran más tiempo para dedicarse al resto de sus funciones y tareas.
Desde esa fecha los juicios se celebran con la sola presencia del Juez y del Auxilio Judicial, sin mayor problema de legalidad, uno para presidir la vista y el otro para grabar y asegurar el buen desarrollo del juicio.
En segundo lugar, quienes no han sido convocados a la huelga (Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial), siguen trabajando en la preparación de resoluciones de los Jueces y también de los LAJ, estas últimas quedan sin firmar por los LAJ que secundan la huelga.
Este hecho, junto con otras situaciones que se producen en las oficinas judiciales, nos demuestra la falsedad de los mensajes de las asociaciones convocantes, en el que se afirma “que los LAJ hacen el 90% del trabajo de la oficina judicial”; información, que además de falso, es muy injusto con el trabajo que desempeña ese resto del personal de la oficina.
Pero es que, en tercer lugar, poca gente repara en la paradoja de tener una justicia lenta, aunque habría que matizar mucho este concepto, y el desconcertante hecho de que un mismo procedimiento pase a la firma 30 o 40 veces cuando, en su mayor parte, son resoluciones de trámite cuya autoría real es del personal de Gestión y Tramitación, que son igualmente funcionarios públicos.
Qué piensan???
A ver quién paga después todos los perjuicios que están provocando a las personas, con resoluciones o certificados pendientes tras meses de espera, seguro que las administraciones se lavan las manos y no sancionan ni permiten reclamar tales demoras injustificadas.
Seguro los letrados no tienen familiares pendientes de ningún trámite a resolver ni firmar.
Una vergüenza.