La víctima, que les contrató un crucero, se percató del engaño cuando empezaron a llegar los recibos a su cuenta bancaria
El Juzgado de lo Penal 2 de nuestra ciudad dejó ayer visto para sentencia el juicio seguido contra dos hombres, F.R.P. y G.E., acusados de un delito de estafa. Ninguno de los dos acudió a la vista judicial, si bien ésta se celebró, puesto que la petición del Ministerio Fiscal es de un año de cárcel para cada uno. La víctima, una mujer, contrató un “paquete vacacional” por el que facilitó sus datos personales, pero éstos, según denuncia, fueron utilizados por los procesados para solicitar un préstamo a una entidad bancaria. La cantidad, de unos 7.000 euros, fue transferida por la entidad a la empresa donde la mujer supuestamente contrató su crucero, pero de ahí pasó a cuentas privadas de los acusados, según sostiene la acusación.
La víctima explicó al juez que solamente hizo un contrato con los acusados para el “paquete vacacional” en cuestión y nunca solicitó préstamo alguno. Se percató de la existencia de ese crédito cuando empezaron a llegarle los recibos del banco que ella rechazó. Seguidamente, tras ser informada en su banco sobre la situación, se decidió a denunciar lo ocurrido. Además, uno de los acusados le ofrecía “mejoras” en el paquete vacacional, lo que justifica, según la declaración de la víctima, la treintena de transferencias a la cuenta que el acusado le facilitó y que dijo desconocer que se trataba de una cuenta privada.
Una trabajadora de la entidad bancaria que concedió el préstamo explicó que la transferencia solicitada “nunca” se realiza al cliente final sino a la empresa que actúa de “mediadora”, puesto que se trata de un “bien de consumo”.
Los policías nacionales que participaron en la investigación explicaron al juez que de los documentos solicitados se “constató” que el dinero del préstamo se dividió en varias cantidades transferidas a la cuenta privada de uno de los acusados, y a otra cuenta que estaba a nombre del hijo menor de edad del segundo acusado.
Sin embargo, los abogados defensores sostuvieron que no se podía probar que quien hizo esas transferencias fueran sus clientes u otra persona de la empresa “mediadora” con acceso a las cuentas. “¿Quién manejaba las cuentas? No lo podemos saber porque tampoco han comparecido los dueños de la empresa”, aseveró la letrada.
Así las cosas, los defensores solicitaron una sentencia absolutoria para sus clientes, mientras que el Ministerio Fiscal y la acusación particular mantuvieron su petición de condena de un año de cárcel por delito de estafa para cada uno de los acusados y el pago de 7.000 euros de indemnización.