Suspendido el juicio contra 5 acusados de evitar pagos a la Tesorería General de 3 millones de euros Un juicio cuya celebración estaba prevista para la jornada de ayer en la sala de lo Penal número Dos, quedó finalmente suspendido al rechazar uno de los cinco acusados el abogado legalmente asignado y solicitar por ende uno de su asignación.
Se trata de un caso en donde, como ha quedado citado, cinco hombres se sientan en el banquillo, los llamados Y.A.M., M.A.L.A., F.D.R., M.N.A.A. y H.A.M. (el supuesto cabecilla de la trama), todos ellos acusados de cometer un delito continuado de defraudación a la Seguridad Social.
Por considerar que son culpables de los cargos que se le imputan, el Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos una pena de prisión de cinco años así como que abonen entre todos y en concepto de multa 13 millones de euros, un dinero que iría a parar a las arcas del Estado y por ende correría en beneficio de los españoles pues sería la Seguridad Social la benefactora de la partida económica mencionada.
Respecto a los hechos que se enjuiciarán el día en que se celebre la vista oral, prevista para primavera, cabe destacar que se remontan al año 2010, cuando se decretó la detención de los cinco acusados al quedar descubierta una trama para eludir pagos a la Seguridad Social y que fue destapada por parte de funcionarios de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Comisaría General de P.J. junto con el Grupo de Delincuencia Económica de la B.P.P.J. de la J.S.P. de Ceuta, que, tras una investigaciones que resultaron arduas, culminaron con éxito el citado operativo.
El detonante de la operación fue el hecho de que se tuvo conocimiento a través de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Ceuta de la existencia de un grupo de empresas (seis) radicadas en esta ciudad, que adeudaban grandes cantidades de dinero en concepto de seguros sociales, además de presentar otras irregularidades.
Respecto al modus operandi de las empresas, es preciso señalar, como se explicó entonces por los órganos competentes, que éstas habían sido creadas de manera ficticia, sin un sustento real, utilizando testaferros (en unas ocasiones familiares del responsable y en otras trabajadores de alguna de ellas), sin garantías ante sus responsabilidades, ya que se encontraban totalmente descapitalizadas y con utilización abusiva de su personalidad jurídica, constituyéndose de manera sucesiva o simultánea para la prestación de los mismos servicios, causando un perjuicio económico para el patrimonio de la Seguridad Social así como para la protección social de los trabajadores de esas empresas.
Por último y en este sentido, cabe destacar que la deuda global que presentaban tales empresas ascendía a 2.810.321,42 euros, superando hasta en ocho ocasiones la cantidad de 120.000, condición necesaria para que se consume el delito específico contra la Seguridad Social por el que se le solicita la pena de prisión y la multa reseñada, de cinco años y de 13 millones de euros respectivamente.
